El sector de la prensa pidió que las autoridades mexicanas, que investigan un robo como posible causa del asesinato de las periodistas.
El sector de la prensa pidió que las autoridades mexicanas, que investigan un robo como posible causa del asesinato de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González, consideren otras hipótesis relacionadas con la condición profesional de las víctimas.
"No vamos a descartar ninguna. Me parece que deben mantenerse abiertas (todas) para que la autoridad nos demuestre con evidencias qué está sucediendo, cómo fue (el crimen) y, sobre todo, que se capture a los responsables", declaró hoy sobre el caso el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo.
Las periodistas Marcela Yarce, natural de Puebla y vinculada a la revista de investigación Contralínea, y Rocío González Trápaga, quien trabajó varios años para la cadena Televisa, fueron asesinadas y sus cuerpos hallados ayer en un parque en el sureste de la capital.
Las mujeres fueron estranguladas y sus cuerpos, desnudos y maniatados, presentaban sendos disparos.
González Trápaga, además de periodista, era socia de una casa de cambio localizada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y, aparentemente, efectuó algunas transacciones antes del crimen.
Badillo explicó que su medio de comunicación seguirá "muy de cerca la investigación" y estará "a la expectativa de que las autoridades" den respuesta al asesinato de las dos periodistas.
"Me preocupa la saña con que ocurrieron (los asesinatos). De repente puedo especular y decir 'para un simple robo, haber pasado por esto, me extraña muchísimo', pero no puedo descartar esta posibilidad", apuntó.
El comunicador pidió reflexionar acerca de qué no están haciendo bien los mexicanos con una ola de violencia "con más de 50.000 muertes" desde diciembre de 2006 hasta hoy.
Sobre las investigaciones, el fiscal del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, corroboró en declaraciones a MVS que González Trápaga estuvo el miércoles "durante diferentes horas" en el aeropuerto y en una casa de cambio e hizo operaciones por un monto "considerable".
Mancera, quien está a la espera de que "el representante legal de esta casa de cambio (...) comparezca", dijo que va a pedir a los responsables de ese establecimiento que "muestren todas las operaciones de este día".
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su Quinto Visitador, Fernando Batista, repudió los homicidios, con lo que suman ocho este año contra comunicadores.
En declaraciones a Efe, el representante de ese organismo público autónomo señaló que "de inmediato" se abrió una investigación sobre "la actuación de las autoridades procuradoras de justicia" en el caso para tratar de garantizar que se vaya al fondo del mismo.
Las críticas desde el gremio periodístico y la sociedad civil han llovido sobre las autoridades, de nuevo cuestionadas por la falta de protección que existe para los periodistas en el país.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó desde París la "escalada interminable de terror" contra la prensa en México y situó en 80 la cifra de reporteros muertos en el país desde 2000.
"México es uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión y el más mortífero del continente", señaló RSF.
Ricardo González, de la ONG Artículo 19, llamó la atención sobre la posible relación del crimen con el periodismo.
"Ante la situación que vive el país, definitivamente no podemos descartar el vínculo directo con el trabajo periodístico. Puede ser del medio de comunicación para el que trabajaba Marcela", comentó a Efe en alusión a Contralínea, acosada durante los últimos cuatro años.
Finalmente Amnistía Internacional (AI) hizo "un llamado a las autoridades para que realicen una investigación imparcial, pronta y exhaustiva para esclarecer este crimen y llevar los responsables ante la justicia".
Además, pidió que en ella se tome en consideración la condición de mujeres de las víctimas, así como el papel que "sus actividades profesionales pudieron jugar en la motivación de su asesinato".
