El Defensor del Pueblo ha apoyado la petición del Grupo 17 de Marzo de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, quien justificó su petición en la necesidad de evitar "malas prácticas" hacia los detenidos y cumplir las "reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas al Estado español".
El Defensor del Pueblo, en un informe facilitado a Efe, dice que es necesaria la videovigilancia en todas las dependencias donde permanezcan los detenidos, con excepción del cuarto de baño, así como regular las condiciones en que se haga la grabación y las personas que tendrían acceso a su visionado.
Añade el dictamen que los calabozos del Juzgado de Guardia y la Audiencia provincial de Sevilla tienen un tamaño "claramente insuficiente" pues solo existen cinco celdas de unos 7,5 metros cuadrados para una media de 25 a 30 detenidos al día, que en ocasiones han llegado a 50.
El Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que los detenidos son trasladados por la Policía desde los calabozos a la sala de vistas "en superficie y a la vista del público", mientras que en los espacios comunes coinciden con otros ciudadanos e incluso con víctimas de su delito.
Por ello, aboga por tomar medidas para evitar la coincidencia de los presos con terceras personas y que la conducción de detenidos disponga de un ascensor propio que no pueda ser compartido por otros ciudadanos.
La sustitución de las puertas con barrotes por otras que no sirvan para autolesionarse y la habilitación de un espacio seguro para las pertenencias de los detenidos son otras peticiones del Defensor del Pueblo.
El Grupo 17 de Marzo ha indicado a Efe que, a la vista de este informe y el escrito de la Fiscalía de junio pasado, que apoyó su petición, ha trasladado la petición a la consejería de Justicia de la Junta como responsable de los medios materiales en los juzgados andaluces
