Así consta en el auto de apertura del juez Jacobo Pin de este viernes, en el que fija una fianza de responsabilidad civil de 4.270.859,6 euros para Carlos Fabra y de 1.718.192,8 euros para su exmujer. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.
Al respecto, señala que si transcurrido el tiempo estipulado no verifican la fianza, "embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de Responsabilidad Civil".
El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa, que pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a nueve años de prisión o bien con cualquiera otras penas de distinta naturales, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración, y por tanto, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuciamiento Criminal".
En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.
En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003. En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.
El juez da diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse.
El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Catsellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.
Asimismo, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra --ya que su exesposa era amiga de la exmujer del presidente provincial del PP-- porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".
A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.
PAGO POR SU LABOR
Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar del estado administrativo de los productos de Naranjax. El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en reconocimiento a su labor.
La empresa portuguesa Sapec, representada en españa por Ginés Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que fabra se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo Costa y Emilio González. Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas presentes, de la que culminó la venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.
Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo, y de la que serían socias sus esposas. A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50 por ciento una empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que ontenía Naranjax.
El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el etonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.
El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.
