Los jueces han decidido ir a la huelga. Encarnan un poder del Estado pero ahora, justamente ahora, se reivindican como trabajadores sobrepasados por la carencia de medios y la saturación de trabajo.
No pretendo hacer una descalificación global. Como en todos los ámbitos, los hay muy buenos, buenos, malos y aún peores. El problema es el marcado sentido corporativista con el que actúan la mayor parte de las veces. El caso del juez Tirado está siendo paradigmático en este sentido. “Ahora les toca a ellos”, decía este juez en un comunicado dirigido a sus compañeros de profesión, apoyando la huelga. Esta expresión, todo lo fuera de contexto que ustedes quieran, resulta muy reveladora del sentido que tiene para algunos jueces la protesta que están protagonizando. Fuera caretas, más que mejorar el servicio público de la justicia, parece tratarse de una pugna entre poderes. Es como si dijeran a los otros poderes del Estado algo así como no me metas el dedo en el ojo porque yo puedo hacer lo mismo. Está claro que no sentaron nada bien las valoraciones del gobierno, recogiendo un clamor popular, sobre la exigua sanción impuesta al juez Tirado por el caso Mariluz.
Esta revuelta ha sido convocada por las asociaciones profesionales de jueces, a saber, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente. Magnífica ocasión para que se dejen conocer más. Al fin y al cabo, forman parte del engranaje del método de designación de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Son estas asociaciones las que, en función de grados de representatividad, proponen al Parlamento candidatos para doce de los veinte vocales del Consejo. Está claro que sirven de vía para la promoción política de algunos de sus miembros. Nada que objetar. Ahora bien, ¿no cabría exigir a las asociaciones profesionales de jueces el mismo grado de transparencia y democracia interna que se exige a otras instituciones, asociaciones y sindicatos?
Quienes convocan una huelga se exponen con todas las consecuencias a la crítica y las preguntas de los demás actores de la vida pública. Y una primera pregunta que, al menos yo me hago es la siguiente: ¿y ustedes, quiénes son? ¿cómo funcionan? ¿cómo eligen a sus representantes? ¿cuáles son sus propuestas programáticas? ¿cómo se han puesto de acuerdo en esta protesta? Y, sobre todo, en relación a los problemas que aquejan a la justicia de antiguo como servicio público, ¿dónde estaban metidas hasta ahora? ¿Harán autocrítica o quizá eso sólo corresponda a otros?
La justicia, como servicio público, recibe una pésima valoración ciudadana desde hace mucho tiempo. Quienes hemos tenido que utilizar este servicio alguna vez no salimos de nuestro asombro al comprobar, no sólo la precariedad de medios, sino lo anacrónico de muchos de los procedimientos judiciales, que parecen estar pensados más para que los asuntos se pudran que para que se resuelvan. Hay razones sobradas para una protesta, pero una protesta desde los ciudadanos, verdaderos damnificados del mal funcionamiento de la justicia. Pero ¿por qué será que si esa protesta la encabezan los gremios judiciales, empezamos a sospechar? ¿por qué será que somos tan mal pensados?
