Si la infanta Cristina acaba bajando la rampa de acceso a los Juzgados de Palma para declarar como imputada en el caso Nóos se alcanzará el colmo del impacto mediático en un proceso que comenzó como una causa local contra la corrupción y ha crecido hasta manchar la imagen de la monarquía española.
La cuesta de acceso al patio trasero de los Juzgados de la capital balear se ha convertido en un símbolo de la exposición pública de políticos y famosos con problemas judiciales, un escenario consolidado de la llamada "pena de telediario" que alcanzará su súmmum si finalmente el próximo 8 de marzo la hija menor del Rey comparece ante el juez José Castro.
Las declaraciones del marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, en febrero de 2012 y 2013, que congregaron en torno a la rampa a centenares de periodistas, policías, manifestantes de toda calaña y curiosos, quedarán reducidas a ensayo menor ante lo que ocurrirá cuando doña Cristina se presente en Palma para aclarar si sabía o participó de las actividades presuntamente delictivas de su esposo a través de la empresa que compartían, Aizoon.
Pero para que eso llegue a ocurrir aún tienen que pasar muchas cosas.
Por lo pronto, es presumible que la Fiscalía Anticorrupción, como ya hizo cuando Castro la imputó el pasado mes de abril, recurra ante la Audiencia de Palma contra la citación de la infanta, máxime después de adelantarse a la decisión del juez el pasado día 14 se entregándole un escrito en el que argumentaba su rechazo a la imputación.
De no recurrir el ministerio público podría hacerlo la propia representación legal de la duquesa de Palma u otra de las partes personadas en la causa.
El tribunal provincial ya dejó sin efecto la imputación de Castro en mayo de este año en un auto en el que sugirió al juez instructor que ahondase en la vía de investigación en la que ha trabajado desde entonces: la posible comisión de delitos fiscales y de blanqueo por parte de Cristina de Borbón como copropietaria de una sociedad familiar a la que se trasfirieron fondos del Instituto Nóos de presunta procedencia ilícita.
Si no se plantearan recursos o si la Audiencia los desestimase la citación sería firme, pero ello no tiene por qué traducirse en que la infanta vaya a descender a pie, sometida al martilleo de cientos de flashes y con retransmisión televisiva vía satélite, los escasos 40 metros que separan la calle de la puerta trasera de los Juzgados.
Cuando Urdangarin fue llamado a declarar por primera vez por el juez Castro en febrero del año pasado se dejó abierta hasta el ultimo momento la posibilidad de que accediera en coche hasta la puerta de la sede judicial, una alternativa defendida por los responsables del dispositivo de seguridad.
Finalmente se desechó esa opción, criticada desde ámbitos judiciales y periodísticos, y el yerno del Rey, que en la víspera había viajado con su esposa hasta Mallorca y se había alojado en el Palacio de Marivent, bajó la rampa acompañado de su abogado e hizo una declaración a los medios de comunicación defendiendo su inocencia.
Qué ocurrirá el próximo 8 de marzo en caso de que la comparecencia no sea anulada por la Audiencia de Palma es algo que probablemente solo sabremos entonces, pero mientras llega ese momento correrán ríos de tinta, billones de bits por internet y un volumen incontable de ondas de radio y televisión para informar o especular sobre el nuevo hito de la justicia mediática en España.
