La Audiencia de Palma ha ratificado hoy la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales, lo que deja la decisión de llevar a juicio a la hermana del Rey en manos del juez instructor del caso Nóos, José Castro.
Una vez el tribunal provincial ha resuelto los catorce recursos contra el auto en el que Castro señalaba a qué encausados proponía sentar en el banquillo, se abre un plazo de diez días para que presenten sus listas de acusados y peticiones de penas las acusaciones personadas en la causa, entre ellas el sindicato Manos Limpias, que pedirá el enjuiciamiento de la infanta.
Si la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado mantienen su postura respecto a la falta de indicios contra doña Cristina, el juez instructor tendrá que decidir si aplica la llamada doctrina Botín, que impide abrir juicio por delito fiscal con el único respaldo de una acusación popular, u opta por incluir a la duquesa de Palma entre los acusados, decisión contra la que no cabe recurso.
Tras conocer la resolución firme de la Audiencia, los abogados de la infanta han expresado su "sorpresa", se han congratulado de que se archive la imputación por blanqueo de capitales y han subrayado que la doctrina del Tribunal Supremo "parecería amparar" su posición de que Manos Limpias no puede sostener la acusación en solitario.
Pero los magistrados que han mantenido la imputación, Juan Jiménez, Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, señalan para concluir su auto que la decisión de interpretar en qué medida le condiciona la doctrina Botín corresponde al propio instructor y han matizado que los presuntos delitos fiscales de la infanta difieren de los que se imputaron al banquero Emilio Botín.
Los jueces señalan que "existe un matiz" diferenciador: que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí tienen intención de acusar a Urdangarin de los delitos fiscales, de los que la hermana del Rey está imputada como cooperadora.
La Audiencia mantiene la imputación por cooperación en delitos fiscales en 2007 y 2008 porque entiende que detrás de Aizoon, empresa propiedad de la infanta y Urdangarin al 50 por ciento, hay "un matrimonio que abusa de una sociedad para obtener beneficios fiscales y al mismo tiempo para modificar su régimen económico" de separación de bienes a gananciales.
El tribunal provincial adelanta que puede imputarse a la infanta delito contra la hacienda pública en su modalidad básica de uso de sociedades instrumentales, como cooperadora necesaria, y que puede verse favorecida por la aplicación de la atenuante prevista para cooperadores en delitos especiales propios que fija el artículo 65.3 del Código Penal.
La sección segunda de la Audiencia de Palma recuerda en el auto que la Agencia Tributaria ha señalado en tres informes que tanto el Instituto Nóos como las sociedades satélites constituidas para vaciar de fondos esa entidad "son todas ellas una simulación".
Según Hacienda, existiría "un acuerdo" entre Urdangarin y Torres para utilizar todo el entramado societario "con la finalidad de canalizar las rentas de su trabajo".
La Audiencia recalca que, en las sociedades satélite de Nóos, las esposas de Urdangarin y Diego Torres eran socias al 50 %, y las empresas servían de "instrumento o herramienta fiscal para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y en consecuencia para defraudar a hacienda tanto en renta como en sociedades".
El tribunal detalla que esas sociedades se desgravaban gastos que no habían sido generados en el ejercicio del objeto de cada sociedad, sino que se trataba de desembolsos personales de los matrimonios.
Los jueces califican como "innegable e inobjetable" que ambas esposas, desde el momento en que eran copartícipes de sociedades ficticias, estaban contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas "a defraudar al fisco" y además se beneficiaron de ello, "ya que el dinero que recibía Aizoon no se queda en su cuenta" sino que lo gastaban los dos socios.
Para los magistrados, aunque la infanta no tuvo nada que ver en generar las rentas de Aizoon, en el momento en que la sociedad fue utilizada para ocultar dichos ingresos como obtenidos por Urdangarin, "de alguna manera ha podido contribuir a la defraudación, ya de modo activo como omisivo".
En el auto dictado hoy, la Audiencia también ha decidido imputar al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, como habían pedido Manos Limpias y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia, y en contra del criterio del juez instructor José Castro que le había exonerado al concluir la instrucción.
El tribunal también ha acordado imputar a dos de los responsables de la Fundación Madrid 2016, Miguel de la Villa y Gerardo Corral, y al asesor fiscal de Nóos Salvador Trinxet. Además ha añadido sendas imputaciones de blanqueo de capitales a Urdangarin, Torres y Ana Maria Tejeiro.
La Casa del Rey ha expresado su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", y el Gobierno, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido también en su respeto a las decisiones judiciales.
"Tampoco nos corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se puedan adoptar", ha respondido la vicepresidenta al ser preguntada si cree que la infanta Cristina debe renunciar a sus derechos dinásticos.
