Los ministerios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy otorgaron casi 1.900 millones de euros en subvenciones en 2012 pero el Tribunal de Cuentas no ha podido ejercer su labor de control ni medir la eficacia de esas ayudas públicas porque no se habían incluido adecuadamente en los planes estratégicos de subvenciones que exige la ley desde 2003.
Así se desprende del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los planes estratégicos elaborados por los ministerios del área político-administrativa del Estado que fue aprobado por el Congreso el pasado 30 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press.
En su informe, el órgano fiscalizador reseña que en el ejercicio 2012 los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación y Presidencia comprometieron un total de 1.450 millones de euros para subvenciones y sus entidades dependientes otros 440 millones.
POR NULA O INSUFICIENTE INFORMACIÓN
Sin embargo, advierte de que no pudo cumplir con su labor de fiscalizar todo ese dinero público otorgado en 2012 porque los citados departamentos o no contaron con un plan estratégico de subvenciones o no incluyeron toda la información que debían conforme a la Ley General de Subvenciones de 2003.
En el primero de los casos el Tribunal de Cuentas sitúa a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia, pese a que repartieron 285 millones de euros, el primero, y 1,2 millones de euros el segundo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa sólo incluyó en su plan estratégico de subvención un 4 por ciento de los 6,6 millones de euros que dio en ayudas públicas, el mismo porcentaje del que dio cuenta Interior habiendo repartido 24 millones de euros. De su lado, Educación incluyó el 7 por ciento de los 1.573 millones de euros que repartió en subvenciones, y Justicia el 9 por ciento de los 3.000 euros destinado al mismo fin en el periodo analizado.
NO FUE INFORMADA LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO
Asimismo, el tribunal fiscalizador alerta de que, con carácter general, los planes estratégicos de subvenciones no fueron remitidos a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por lo que la Intervención General del Estado (IGAE) no pudo controlar ni evaluar los resultados de esas subvenciones, ni tampoco fueron enviados a las Cortes Generales para su conocimiento, para el correspondiente control parlamentario.
De la misma forma, subraya que tampoco fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en la página web del ministerio correspondiente. Aunque recalca que no existía ningún precepto legal que así le obligara al Gobierno, el Tribunal de Cuentas subraya que su publicación hubiese permitido incrementar la transparencia en la gestión de subvenciones.
En este punto, el tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que el Gobierno y sus respectivos departamentos ministeriales deberán hacer públicos toda esta información a partir del próximo 10 de diciembre en virtud de lo dispuesto en la conocida como Ley de Transparencia.
Además, el informe destaca que los seis ministerios políticos del Ejecutivo 'popular' incumplieron la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres al no contener ninguna previsión que en esta materia debían reflejar las bases reguladoras de las subvenciones gestionadas.
"La inexistencia en los ministerios de planes estratégicos de subvenciones ha impedido cumplir en su totalidad los objetivos de la fiscalización", concluye la institución, que fue quien decidió realizar este examen voluntariamente, pues ni estaba obligado por ley ni se lo había pedido el Parlamento.
Es por ello por lo que el Tribunal de Cuentas recomienda, entre otras cosas, que los departamentos ministeriales impulsen medidas para garantizar el cumplimiento "estricto" de la normativa subvencional mediante la elaboración de los planes estratégicos de subvenciones con el fin de que llevar a cabo una "adecuada" planificación de estas ayudas, calibrar los resultados obtenidos por las distintas líneas de subvención otorgadas y de poner hacer un seguimiento de los objetivos previstos.
