La comisión de investigación parlamentaria del fraude, la evasión fiscal y la corrupción retomará este martes sus trabajos entrando de lleno en el 'caso Pretoria', ya que está previsto que comparezcan ante los diputados algunos de los principales protagonistas de la presunta red de corrupción urbanística.
Así, la Cámara espera al exsecretario general de Presidencia de la Generalitat y mano derecha del expresidente Jordi Pujol Lluís Prenafeta, al exconseller Macià Alavedra, al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, al exdiputado del PSC Luís García -conocido en la trama como 'Luigi'--.
En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó el auto de apertura de juicio oral contra los 11 presuntos miembros de la red de corrupción 'Pretoria', que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, y les impuso fianzas por un importe de 102,6 millones de euros por las multas a las que podrían ser condenados.
A Prenafeta se le impuso una fianza de 18,3 millones de euros y a Alavedra de 13,7 millones, y ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años y diez meses de cárcel.
La fianza más alta fue para el presunto cerebro de la trama, Luis García,'Luigi', que se enfrenta a ocho años de cárcel y al que se le reclamaron 30,1 millones de euros.
El Ministerio sostuvo que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.
Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.
Por su parte, Bartomeu Muñoz se enfrenta a una petición de seis años y diez meses de prisión y se le fijó una fianza de 5,6 millones de euros.
Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. La Fiscalía acusa a los ex altos cargos de CiU y el PSC de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.
ESTRECHA RELACIÓN CON PUJOL
La Fiscalía Anticorrupción apuntaba en su escrito de acusación provisional, hecho público el pasado 29 de diciembre, que Alavedra y Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".
A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Catalunya", siempre según el Ministerio Público, "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".
Además, la Fiscalía señala que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública.
Para ello, utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.
