El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado que la presidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara autonómica que sean puestos bajo vigilancia policial hasta el próximo 9 de noviembre, nueva fecha que se ha señalado para declarar como investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de bienes, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El juez instructor ha aceptado esta petición del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadenas, que consiste en que los seis investigados faciliten sus domicilios y teléfonos de contacto para estar en todo momento localizables. Esta petición ha llegado justo después de que el Tribunal Supremo haya pospuesto la declaración de la presidenta de Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria al próximo jueves a petición de los abogados.
Según ha explicado a los medios de comunicación al abogado de los diputados catalanes Lluís Maria Corominas y Lluis Guinó, Javier Melero, el aplazamiento ha sido solicitado por indefensión para poder estudiar con profundidad la querella. Además, ha añadido que el hecho de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no haya comparecido en la Audiencia Nacional "perjudica" a los investigados en el Supremo.
En esta línea, el abogado del secretario tercero de la mesa, Joan Josep Nuet, ha recalcado al magistrado que en la querella de la Fiscalía aporta un "dato erróneo" porque su defendido "no votó a favor en la tramitación de las declaraciones del 27 de octubre", algo que considera una "hecho nuclear".
Además, alguno de los letrados defensores también han solicitado posponer las declaraciones a la espera de que lleguen la prueba documental que pide la Fiscalía en su querella, petición que el juez instructor no ha acordado. Es decir, si el próximo jueves la documentación no ha llegado al Supremo, las declaraciones seguirán adelante, han precisado fuentes jurídicas al respecto.
Los seis investigados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos estaban citados este jueves a las 9.30 horas para declarar ante el juez Pablo Llarena por la querella presentada el pasado lunes por el Ministerio Público por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia.