El Tribunal Supremo (TS) ha aplazado hasta el próximo 5 de noviembre su decisión sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca, que desde que se conoció el fallo, el pasado jueves, ha perdido cerca de 8.200 millones de capitalización en Bolsa.
Tras conocerse que el Supremo se ha dado dos semanas de plazo, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, José Luis Martínez Campuzano, ha dicho que hasta conocer la postura final, "cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su propia política comercial".
De momento, los principales bancos españoles han retirado de sus páginas webs la información disponible sobre las hipotecas, a la espera de que el alto tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos.
Asimismo, algunas entidades están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios, y tampoco están ofreciendo esta información en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas que ya estaba prevista.
No obstante, el Consejo General del Notariado ha aconsejado a estos profesionales seguir autorizando las escrituras que ya estaban previstas, informando a sus clientes del contenido del fallo, pero advirtiéndoles claramente de que hasta que no se conozca el desenlace "no es posible determinar" quién tiene que pagar el impuesto.
La reunión mantenida hoy entre Lesmes y los seis magistrados de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo que redactaron la sentencia constituye un caso inédito, así como el hecho de que se revise en un pleno.
El impacto para el sector financiero, en caso de que se confirme que deben hacerse cargo del impuesto, es enorme, y ya provocó un desplome de la cotización bursátil el día que se conoció el fallo, mitigado en parte al día siguiente, cuando el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, informó de que dada la "enorme repercusión económica y social" del fallo se estudiaría su aplicación.
Y es que la sentencia constituía un "giro radical", según el propio Díez Picazo, respecto de la doctrina anterior del Supremo, que en febrero estimó que eran los hipotecados quienes debían hacer frente al impuesto.
Sobre ello se ha pronunciado la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha insistido en que "lo mejor es que cuanto antes se aclare la situación" ya que el tribunal "ha abierto una cierta inseguridad jurídica" en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas.
En este escenario, las dudas continúan castigando la cotización de los bancos, que hoy han hecho caer al IBEX 35 un 0,96 %; en total, el conjunto de entidades cotizadas, entre las que se incluyen Unicaja y Liberbank -presentes en el mercado continuo-, se han dejado en esta última sesión casi 3.000 millones de euros de capitalización, lo que amplía hasta los 8.200 millones las pérdidas sufridas desde el jueves.
El coste que puede tener para las entidades financieras asumir este gravamen no está claro, aunque los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.
Por su parte, jueces y magistrados han manifestado su sorpresa ante una decisión que, creen, pone en entredicho la independencia del Poder Judicial.
La polémica también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde Izquierda Unida ha registrado su petición para que Lesmes explique "con urgencia" la paralización exprés de su propia sentencia sobre el pago de impuestos en las hipotecas.
De momento, los consumidores ya han comenzado a informarse de sus derechos en asambleas como las organizadas por la asociación Adicae, que este fin de semana ha manifestado su "hastío" frente a los abusos bancarios en las calles de 27 ciudades.
