Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para dificultar las conocidas como 'puertas giratorias' entre la política y las empresas y plantea incluso penas de cárcel de dos a cinco años para aquellos responsables políticos que hayan tomado decisiones "contaminadas" por la actividad privada, un castigo que también podría afectar a las empresas.
Los de Pablo Iglesias presentan esta iniciativa a sabiendas de que no se va a poder aprobar esta legislatura, ya que sólo faltan diez días de que se disuelvan las Cortes Generales con motivo del adelanto de las elecciones generales del 28 de abril.
No obstante, según ha apuntado en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, esta propuesta, en la que han venido trabajando durante un largo tiempo y que previsiblemente volverán a registrar en la próxima legislatura, es fundamental para "revertir la dinámica de corrupción del país" de los últimos años.
EVITAR CASOS COMO LOS DE AZNAR O GONZÁLEZ
Según ha explicado, existe una normativa "difusa y dispersa" sobre el control de las puertas giratorias que ha permitido, por ejemplo, que expresidentes del Gobierno como Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar hayan trabajado para empresas como Gas Natural o Endesa, que 34 de las 35 empresas del Ibex tengan en sus Consejos de Administración a políticos o que más de 30 cargos del Gobierno de Mariano Rajoy se encuentran en el ámbito privado adoptando decisiones que, ha dicho, pueden afectar al ámbito público.
Con esta proposición Unidos Podemos aglutina toda la normativa que tiene que ver con las incompatibilidades públicas en un único texto --actualmente hay cinco, según ha apuntado-- y, entre otras cuestiones, incluye un código de conducta vinculante y un organismo del Estado frente a la corrupción que controlará este tipo de conductas, ha apuntado Elizo.
Pero, además, quiere penalizar las 'puertas giratorias' "para los casos más graves" con una pena de dos a cinco años, un castigo similar al que existe en Francia para aquellas decisiones políticas que tienen que ver con el beneficio particular a una entidad privada. "No puede ser que asumir decisiones políticas contaminadas por la actividad privada no tenga efectos penales", ha confirmado.
