La Justicia ha dado la razón a José Manuel Duarte, Secretario Adjunto del Ayuntamiento de Estepona que, en septiembre de 2012 era expedientado por el Consistorio por dos faltas graves (por actitudes agresivas y dejación de funciones) . Como medida cautelar, en octubre de 2012, el Consistorio decidía suspenderlo de empleo y sueldo a través de un decreto firmado por el regidor popular, José María García Urbano. Una medida de carácter provisional, que le mantuvo alejado de sus funciones primero durante cuatro meses, luego por otros dos y que, más tarde, se prorrogaba a otros 10 meses tras ser aprobado en pleno.
Ahora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga falla que el Ayuntamiento de Estepona no tenía competencia para retirar al funcionario de su puesto. Dice el escrito, al que ha tenido acceso VIVA ESTEPONA, que su suspensión fue aprobada por un órgano “incompetente”, el alcalde, que carece de competencia para instruir el procedimiento: “cuando el expediente disciplinario pretende incoarse en virtud de hechos que pueden ser sancionados con la destitución o separación del servicio del funcionario con habilitación de carácter nacional, la competencia para su incoación, instrucción y para, como es el caso, adoptar la medida cautelar de suspensión, corresponde a la Comunidad Autónoma”.
Argumentos municipales
El Consistorio justificó entonces sus medidas asegurando la actuación “obstaculizadora” del citado funcionario, como por ejemplo la negativa “sistemática” a recibir documentación remitida por la Alcaldía-Presidencia, su ausencia injustificada en varias ocasiones a su puesto de trabajo y las “gravísimas” declaraciones que ha realizado en los medios de comunicación; como motivos para llevar a cabo la suspensión.
Duarte salta a los medios: un polémico escrito y su testifical en el juicio del ERE
El origen del salto a la “fama mediática” del Habilitado Nacional se remonta a principios del pasado año 2012. Fue entonces cuando el Secretario Adjunto remitió un polémico escrito a la Subdelegación de Gobierno y a la Subdelegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga en el que se relataban una serie de supuestas irregularidades en la gestión del equipo de Gobierno popular. Un asunto éste que meses más tarde fue archivado por la propia Junta de Andalucía.
También polémicas fueron sus posteriores declaraciones en el juicio sobre el Expediente de Regulación de Empleo que supuso el despido de 176 empleados, al que acudió como testigo. El Secretario cree que ese escrito y la declaración fueron el origen de, según él, “esta persecución”.
