El PP ha aprobado en solitario en el Parlamento gallego la reforma de la ley de juego, un texto que data de 1985, con el rechazo de la oposición porque lo considera una "gran oportunidad perdida" que "va a permitir jugar a menores en bares" y a ludópatas del registro de autoprohibidos.
En el pleno del Parlamento, Paula Prado (PP) ha defendido que es "absolutamente falso" que los menores puedan apostar en bares, igual que "tampoco" pueden comprar alcohol o tabaco, de forma que "el dueño también tiene que impedir que jueguen".
En esta línea, el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, ha valorado que ley "mejora" la actual norma y fomenta el "juego responsable". Posteriormente al debate parlamentario, en declaraciones a los medios, se ha quejado de que la oposición haya votado en contra y "no tuviese el coraje" de apoyarla en un momento de elecciones generales, a pesar de que se aceptasen la mitad de las enmiendas presentadas por BNG y PSdeG. Subraya que "era una oportunidad única" con una ley "importante para Galicia".
En cambio, la oposición ha lamentado que los populares no opten por incluir mecanismos de control en bares de las apuestas de menores o ludópatas, coma pueda ser el uso del DNI.
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La ley fija un número máximo de dos máquinas de juego de cualquier de los tipos permitidos en los establecimientos de restauración y de ocio; se establece la prohibición de todo tipo de publicidad de los juegos de competencia autonómica en la CRTVG; y se obliga a todos los establecimientos de juego a tener control de acceso que prohíba la entrada de menores y de personas inscritas en el registro de prohibidos.
El nuevo texto legislativo también fija nuevas distancias a un radio de 300 metros de colegios --hasta ahora eran 150 metros de forma lineal-- que deberán cumplir los establecimientos de juego. Habrá un máximo de cuatro casinos y cuatro salas adicionales, 12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas, y se fija una duración de 15 años para todas las autorizaciones.
Entre los cambios introducidos, a través de las enmiendas de los grupos de la oposición, figuran la prohibición de instalar máquinas de apuestas en recintos deportivos y ferias.
También se prohíbe conceder préstamos, ni cualquier otra modalidad de crédito, a las personas usuarias de los juegos, ni conceder bonificaciones, partidas gratuitas o elementos que puedan cambiar por dinero a las personas usuarias de los juegos.
La norma también prevé que las distintas consellerías colaborarán y promoverán políticas de prevención mediante el desarrollo de actividades de prevención de la ludopatía dirigidas a la población en general y adoptando medidas tendentes a desincentivar los hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego.
LEY "DECEPCIONANTE"
Durante el debate, Iria Carreira (BNG) ha denunciado que esta ley es "poco ambiciosa" y "cubre el expediente sin llegar a poner freno a la expansión del juego", además de que "los bares no pueden acabar convertidos en un escaparate de todos los juegos existentes". "Un texto escaso y decepcionante", resume.
Al respecto, se ha referido al informe "demoledor" del Consello Económico e Social (CES), "que sería bochornoso para cualquier gobierno", en el que habla de un texto de "escasa ambición y valentía", por las "medidas insuficientes" que recoge.
Carreira asegura que es "necesario establecer algun tipo de sistema que impida" que menores y ludópatas puedan apostar en bares, ya sea a través de DNI electrónico o los dígitos del DNI, un aviso que parte de las propias asociaciones de personas con problemas de adicción. Igualmente, considera "escasos" los 300 metros de distancia entre las casas de apuestas y los colegios.
De hecho, la diputada nacionalista ha hecho mención a una encuesta de 2021 en la que se apunta a que el 3,4% de los adolescentes entre 14 y 18 años son "candidatos a presentar posible juego problemático", por lo cree insuficiente el interés de la Xunta en atajar la adicción entre menores. "Una lástima que perdamos la oportunidad", reflexiona, pues era la "ocasión de ser valientes y afrontar el problema del juego en Galicia como realmente merece".
Asimismo, Julio Torrado (PSdeG) ha criticado la "gran oportunidad perdida" que se deja pasar para regular "un entorno selvático", ya que encuentra "defectos claros" en el texto. Censura que la Xunta "se lava las manos" y deja "la responsabilidad" del control del juego a los propios hosteleros, al tiempo que "renuncia a dar herramientas" a los municipios para limitar la implantación de las casas de juego.
Y es que alerta de que los locales de hostelería se convertirán en "pequeños locales de juego y apuestas", de forma que los menores "podrán seguir jugando sin mayores problemas" y los ludópatas autoprohibidos "no tendrán cortapisas". En cambio, la ley "dificulta" el trabajo de las empresas que cumplen y "abre el campo" a grandes multinacionales. Torrado echa en falta destinar a prevención el 1% de las tasas que se recaudan --unos 600.000 euros--.
Torrado pone el ejemplo de que es "muchísimo más difícil" que un menor compre tabaco en un estanco, como establecimiento regulado, que en un bar, dado que es un establecimiento que "se dedica a otra actividad". Puesto que menores pueden en la práctica comprar tabaco o alcohol aunque legalmente esté prohibido, ve insuficientes los mecanismos para que no ocurra lo mismo con las apuestas.
En contraposición, Paula Prado (PP) ha remarcado que con esta ley se han puesto "los intereses generales por encima de los partidistas". Destaca que los populares han aprobado la mitad de las 46 enmiendas presentadas por el Bloque y de las 21 del PSdeG, "porcentaje muy importante de aceptación".
Igualmente, ha reprochado que la ley que proponían los socialistas establecía un límite de una máquina por local de hostelería, pero era "una máquina de tipo C, exclusivas de casinos", "las más adictivas", según dice.
Junto a esto, Prado ha pedido a la oposición que "no venga a hacer demagogia" y ha resaltado que la Consellería de Sanidade destina una partida de 2,7 millones a prevención de diferentes adicciones, además de dedicar 4,5 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos y entidades para este fin.
