La Guardia Civil de Granada ha investigado a un individuo de 36 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de falsedad documental por manipular de forma fraudulenta el tacógrafo de su camión para poder incumplir los tiempos de conducción y de descanso obligatorio.
La investigación comenzó cuando los agentes del Destacamento de Tráfico de La Guardia Civil de Motril, al realizar una inspección de transporte por carretera en el tramo de la A-44 que atraviesa el termino municipal de El Valle, interceptaron, de manera aleatoria, el camión que conducía el investigado.
Los guardias civiles comprobaron el tacógrafo y observaron que estaba grabando en modo de descanso cuando debía grabar en modo conducción, ya que el camión venía circulando. Al inspeccionar más detenidamente el aparato tacógrafo y sus elementos, descubrieron que la anomalía la provocaba un imán que habían colocado en la salida del emisor de impulsos del aparato.
Con esta manipulación el investigado se aseguraba que cumplía con las horas de descanso obligatorio, horas en las que en realidad había estado conduciendo, posiblemente muchas más de las recomendadas, con lo que estaba poniendo en peligro su integridad y, sobre todo, la del resto de conductores, porque en esas condiciones es mucho más fácil quedarse dormido mientras conduce un camión de varias toneladas.
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Granada ha sido el encargado de la investigación del conductor del camión por un supuesto delito de falsedad en documento oficial, en la modalidad de simulación, por haber manipulado de forma fraudulenta dicho aparato de control, hecho que castiga en el Código Penal con una pena de prisión de seis meses a tres años, y multa de seis a doce meses.
A lo largo de 2021 los agentes del GIAT han puesto a disposición judicial a doce personas en la provincia de Granada por delitos de falsedad documental en la modalidad de simulación por la manipulación del tacógrafo en vehículos obligados a su uso. De estas doce personas, dos son empresarios que además de por falsedad documental, han sido investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores.
