La Fiscalía ha interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva que absolvía a quince acusados, entre ellos los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), de extracción ilegal de aguas subterráneas en la finca Matalagrana, situada en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
En su recurso, al que ha tenido acceso Viva Huelva, el Ministerio Fiscal explica que ha decidido apelar porque “la sentencia carece de motivación real y suficiente, no analiza de forma correcta y coherente la prueba de cargo y no resuelve ni las cuestiones previas planteadas por las defensas ni la mayoría de las cuestiones planteadas por las acusaciones”.
El fallo, añade la Fiscalía, omite incluso “la doctrina de esta Audiencia Provincial plasmada en las dos sentencias de 2020 y 2021 que abordan la cuestión”.
El Ministerio Fiscal es contundente en su recurso y afirma que “toda la sentencia supone un ejercicio de ambigüedad en la motivación que dificulta conocer las verdaderas razones de la absolución y por ello combatir de fondo la sentencia, generando una indefensión clara de las acusaciones”.
Por todo ello, la Fiscalía pide que “se revoque y anule” la sentencia recurrida, entendiendo que dicha valoración judicial “incurre en patente error y su motivación no es lógica, ni suficiente ni razonable; en aplicación de la más reciente doctrina constitucional y del TEDH así como de la jurisprudencia del TS”.
La causa, a juicio de la Fiscalía, ha de ser devuelta al juzgador para que “realice nueva y completa motivación de la prueba, respetuosa con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva del Ministerio Fiscal y con el contenido de la normativa aplicable y la prueba testifical, pericial y documental desarrollada en el Juicio Oral”.
La sentencia que ha recurrido la fiscalía fue dictada el pasado 23 de diciembre y, en ella, el juez aseguraba que los 13 acusados como administradores de diferentes explotaciones agrícolas de la zona, hicieron uso de los sondeos para la extracción de agua del acuífero 27 ‘Almonte Marismas’ para regar sus respectivas explotaciones “en la creencia de que eran legales porque los mismos contaban con las autorizaciones correspondientes”.
Sobre los dos exalcaldes, el juez consideró en su fallo que “carecían de competencias para ordenar a los acusados la suspensión del riego y la clausura de los sondeos”, por lo que “no pudieron realizar comportamiento alguno que pudiera favorecer una supuesta extracción ilegal de aguas”.
