Todas las miras están puestas este miércoles en el Parlamento de Andalucía, donde la Proposición de Ley que impulsan PP, Cs y Vox para la reorganización de los regadíos en el entorno de Doñana a través de la revisión del llamado Plan de la Fresa se lleva al pleno para su toma en consideración. La organización ecologista WWF le ha puesto este martes nombre y apellido, o lo que es lo mismo, ha traducido en cifra lo que se plantea: hacer legales más de 1.900 hectáreas de cultivos.
Un nuevo estudio de la organización, encargado a expertos externos y con cálculos a través de imágenes por satélite, revela que la superficie real de cultivos ilegales que podrían legalizarse o ser “amnistiadas” asciende a un máximo posible de 1.903,7 hectáreas, “una cifra aún mayor que la estimada por la propia organización en un inicio y que queda muy lejos de las 800 hectáreas que defienden falsamente los tres partidos proponentes y algunas organizaciones del Condado”, han indicado este martes en rueda de prensa.
Del total de hectáreas que podrían beneficiarse de esta nueva ley, 1.432 corresponden a terrenos incluidos en las zonas B y C y que estuvieron en regadío algún año entre las campañas de 2004 y 2014 pero no todo el tiempo, eliminando la continuidad en el riego como un criterio para la inclusión en los considerados suelos agrícolas regables (SAR).
Otras 471,3 hectáreas están directamente fuera de esa categoría de SAR por pertenecer a la zona A, que supone solo uso forestal por su especial valor ambiental, pero según explica WWF, “el cambio normativo propuesto de la ley forestal abre las puertas a posibles modificaciones en la propia definición de la zona A”.
En total, supondría ampliar un “20 por ciento” la superficie regable, algo que es “insostenible”.
De acuerdo al nuevo análisis realizado por WWF, la legalización de hasta un máximo de 1.903,7 hectáreas de cultivos ilegales “supondrá un incremento del consumo hídrico de entre 7 y 9 hm3 anuales”, lo que “tendría un efecto dramático para el acuífero que ya ha sido declarado sobreexplotado y se encuentra en un escenario de sequía extraordinaria”.
Desde la organización ecologista advierten que “estos cultivos ilegales están extrayendo agua ilegalmente del acuífero actualmente, por lo que de haber sido ya retirados de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de la Fresa, desde 2014 hasta la actual campaña se hubieran podido dejar de extraer entre 50 y 70 hm3 del acuífero, lo que hubiera supuesto un importante paso en su recuperación y unas reservas extraordinarias para los agricultores legales en la actual sequía y de la cual ahora no disponen”.
WWF cree que aún se está a tiempo y pide la retirada de la Proposición de Ley “por el bien de la propia fresa de Huelva, por el bien de Doñana y por no tener más problemas con los organismos europeos”.
Frente a esta nueva propuesta, piden aplicar el ya aprobado Plan de la Corona Norte (Plan de la Fresa), que “solo está al 17 por ciento”.
Si se vota a favor y sigue adelante la tramitación de la ley, WWF informará a las autoridades europeas y, en caso de que se apruebe, anuncia acciones legales, y es que es mucho lo que está en juego.
“Esta propuesta de ley pone en grave peligro a Doñana y el futuro de la agricultura legal. Esta proposición supone un agravio comparativo para aquellos agricultores legales que están haciendo bien su trabajo y que se van a ver perjudicados porque tendrán que compartir un recurso escaso como el agua y sufrir competencia desleal. Esta amnistía supone un grave desprestigio ante el mercado europeo que ya ha puesto la lupa sobre Doñana y la fresa de Huelva”, explica Felipe Fuentelsaz, coordinador de proyectos de agua y agricultura de WWF.
