La Fiscalía de Huelva ha solicitado casi 90 años de prisión --29 años para cada uno--, así como el pago 1.140 euros, para tres hombres que responden a las iniciales de J.A.V.P., F.A.V.P. y F.V.Z., acusados de cometer 25 delitos contra la integridad moral, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales, cuatro delitos de acoso sexual, cinco faltas de maltrato de obra y dos de amenazas, contra 24 trabajadoras extranjeras y un trabajador, de distintas nacionalidades, contratados para trabajar en una finca propiedad de uno de los acusados, según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.
Estos individuos serán juzgados a partir de este lunes a las 9,15 horas por el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, después de dos suspensiones, una el 27 de octubre de 2011 y otra el pasado 10 de abril. Ambas citas judiciales fueron aplazadas por la falta de localización de tres testigos de estos 25 afectados, ya que el resto testificaron en su día en un vídeo que iba a ser mostrado en sala.
Los hechos se remontan al año 2009 y el Ministerio Fiscal asegura que el trato de los acusados con estas trabajadoras era "permanentemente agresivo y despectivo, afectando de este modo gravemente a la propia autoestima de los citados".
Del mismo modo, estas personas sometían a estas empleadas en la jornada laboral a "una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo y prohibiéndoles ir a sus alojamientos a buscar agua, de forma que no podían abandonar el puesto de trabajo ni siquiera en los casos de mareo o fatiga por la sed".
Igualmente, según relata la Fiscalía, los acusados "faltaban el respeto a la intimidad" de las trabajadoras al entrar en sus aposentos sin el consentimiento de las mismas, haciendo uso "en algunas ocasiones de la fuerza física y exigiendo en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas".
Al mismo tiempo, estos tres acusados "imponían mediante amenazas y coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar diez horas diarias; no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo; no permitirles días libres y no pagar las horas extras".
En uno de estos episodios, concretamente cuando fue despedido un trabajador rumano que trabajaba en la citada finca "tras amenazarlo con una escopeta de caza", varias empleadas se encerraron durante dos días en sus viviendas "atemorizadas" cuando hizo acto de presencia una pareja de guardias civiles, momento en el que uno de los acusados se dirigió al citado trabajador diciéndole que "abandonara la finca o acabaría con su vida".
Por todo ello, la Fiscalía ha pedido 90 años de prisión entre los tres acusados por los delitos supuestamente cometidos, así como el pago 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas. Durante la vista oral, está previsto que declaren funcionarios de la Guardia Civil y las 25 trabajadores afectados.
