Los tres individuos --J.A.V.P., F.A.V.P., y F.V.Z.,-- acusados de cometer 25 delitos contra la integridad moral, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores por imposición coactiva de condiciones laborales, cuatro delitos de acoso sexual, cinco faltas de maltrato de obra y dos de amenazas a 24 trabajadoras extranjeras y a un trabajador, de distintas nacionalidades, contratados para trabajar en una finca propiedad de uno de los acusados, han negado los hechos y han asegurado que son inocentes de estas acusaciones.
Durante la primera sesión del juicio, que se ha celebrado este lunes ante la titular del juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, los letrados de los acusados han solicitado la suspensión del juicio ante la falta de testigos, que no han sido localizados, sin embargo el Ministerio Fiscal y la juez se han negado a ello, tras dos suspensiones en octubre de 2011 y abril de 2012.
Por su parte, J.A.V.P., que se dedica a la comercialización de la fruta y que no tiene ningún contacto con las trabajadoras, según ha indicado, ha negado cualquier tipo de altercado con alguna de ellas ni con el único denunciante varón, y ha manifestado que "nunca entró en las casas donde viven las trabajadoras, ni golpeó ni apuntó a nadie con ninguna escopeta".
También se ha pronunciado sobre el día en que estas trabajadoras interpusieron una denuncia por los hechos ante la Guardia Civil de Palos de la Frontera y dos agentes se personaron en la finca. De este día, F.A.V.P., ha asegurado que se puso "nervioso" y la Guardia Civil le dijo que se fuera.
Uno de estos agentes ha indicado que se personó en la finca, junto a un compañero, ante los testimonios de las trabajadoras, que estaban "muy nerviosas, con miedo y querían irse", indicando además que incluso "hubo un forcejeo con un trabajador y los agentes tuvieron que intervenir". Tras ello, se llevaron a las estas trabajadoras al cuartel para que interpusieran la denuncia. El otro agente también ha declarado, pero ha ratificado el atestado, ya que no recordaba apenas los hechos.
El acusado F.A.V.P., ha negado "las amenazas e insultos" a estas trabajadoras y ha asegurado que "la finca siempre está abierta y la gente entra y sale libremente", una cuestión que las trabajadoras niegan en el vídeo.
Por su parte, F.V.Z., el dueño de la finca, encargado de recoger a las temporeras, de tramitar su contrato y de recoger su documentación, también ha negado los hechos y ha asegurado que "no hace falta que pidan permiso para hacer sus necesidades, sino que van cuando quieren".
A su vez, ha señalado que en la finca en temporada alta puede trabajar un centenar de personas, ha negado la petición de favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas y ha manifestado que su mujer, que lleva el control de calidad, trabaja en la finca con él, y ha asegurado que, respecto al sueldo y horarios, se ajustan al convenio establecido.
"No recuerdo ningún altercado y no hay control de entrada y salida de la finca", ha asegurado, a la par que ha subrayado que él en la finca es "un trabajador más, no me considero jefe y no aprovecho esta condición para tener favores sexuales".
Los testimonios de las trabajadoras denunciantes fueron grabados en un vídeo al día siguiente de interponer la denuncia, que ha sido emitido en sala. En el mismo, una trabajadora asegura que fue "golpeada con una caja de fresas en la cabeza" y que esquivó un golpe con una garrafa, así como que fue "chantajeada con la compra de ropa, pero aseguró que venía a trabajar". A su vez, ha citado insultos referidos por parte de los acusados y que ha vuelto a trabajar con ellos --ya que trabajó en la misma finca en 2008-- porque esta empresa "pidió a estas trabajadoras y se quejó a Asaja". Las demás trabajadoras han corroborado estos hechos, así como que las horas extras "no son pagadas".
LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA
Según reza en el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al año 2009 y el Ministerio Fiscal asegura que el trato de los acusados con estas trabajadoras era "permanentemente agresivo y despectivo, afectando de este modo gravemente a la propia autoestima de los citados".
Del mismo modo, estas personas sometían a estas empleadas en la jornada laboral a "una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo y prohibiéndoles ir a sus alojamientos a buscar agua, de forma que no podían abandonar el puesto de trabajo ni siquiera en los casos de mareo o fatiga por la sed".
Igualmente, según relata la Fiscalía, los acusados "faltaban el respeto a la intimidad" de las trabajadoras al entrar en sus aposentos sin el consentimiento de las mismas, haciendo uso "en algunas ocasiones de la fuerza física y exigiendo en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo de las empleadas".
Al mismo tiempo, estos tres acusados "imponían mediante amenazas y coacciones condiciones laborales abusivas tales como efectuar diez horas diarias; no respetar el tiempo mínimo para el almuerzo; no permitirles días libres y no pagar las horas extras".
En uno de estos episodios, concretamente cuando fue despedido un trabajador rumano que trabajaba en la citada finca "tras amenazarlo con una escopeta de caza", varias empleadas se encerraron durante dos días en sus viviendas "atemorizadas" cuando hizo acto de presencia una pareja de guardias civiles, momento en el que uno de los acusados se dirigió al citado trabajador diciéndole que "abandonara la finca o acabaría con su vida".
Por todo ello, la Fiscalía ha pedido 90 años de prisión entre los tres acusados por los delitos supuestamente cometidos, así como el pago de 1.140 euros por las faltas de maltrato de obra y de amenazas. La segunda sesión del juicio se celebrará el próximo 20 de marzo a partir de las 9,30 horas.
