La telefonía es el servicio que ha originado este año un mayor número de re-clamaciones entre la ciudadanía de la provincia de Huelva con un 28% de denuncias y quejas, según ha informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno, José Fiscal, junto con el representante de la Oficina de Vicepresidencia, Antonio Ramón Marín.
Según el balance de 2013, el Servicio Provincial de Consumo “tramita una media de quejas, reclamaciones y denuncias se sitúa entre los 1.000 y los 1.200 expedientes anuales”, según ha explicado Fiscal quien, además, ha destacado la “notable labor” que realiza el citado Servicio.
Junto con la telefonía, destaca el aumento en los últimos años de reclamacio-nes en el sector de la electricidad, gas y agua, con aproximadamente un 15% del to-tal. En el sector servicios, se advierte un incremento de las reclamaciones en materia de bancos y entidades financieras, siendo asimismo cada vez más frecuentes las consultas tanto telefónicas como presenciales en esta materia.
En cuanto a los motivos más frecuentes que llevan a la ciudadanía onubense a presentar una reclamación, la mayor parte tiene su origen en el incumplimiento del contrato por parte del empresario, seguido por servicio defectuoso, disconformidad con la factura, anulación/rescisión de contrato y la imposibilidad que plantea la per-sona consumidora para darse de baja en un contrato suscrito.
Igualmente, sobresale la “importante actividad informativa”, que lleva a cabo el servicio organizando jornadas, en colaboración con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, para abordar los asuntos de mayor relevancia y unificando protocolos.
Otra línea de trabajo del servicio de Consumo es la relacionada con la inspec-ción y el control del mercado. Para lo cual se ponen en marcha distintas campañas que en 2013 han dado lugar al levantamiento de 554 actas e informes (119 positivos; 323 negativos; 112 en trámite) tras visitar 302 establecimientos comerciales. Campa-ñas que abarcan el sector de las telecomunicaciones, la de compra-venta de oro, la de alimentos procedentes de terceros países, la de préstamos hipotecarios o la de control de juguetes.
Campañas
Marín ha recordado que Consumo realiza campañas durante todo el año y de todo tipo de productos y servicios, y amplía la información y formación a las personas consumidoras a través de la plataforma multicanal Consumo Responde. En este sentido, se ha referido a las inspecciones realizadas en joyerías, compraventa de metales preciosos y casas de empeño en las que se han comprobado sobre todo las básculas y los controles de alimentos procedentes de Terceros Países, en los que la principal incidencia detectada es el etiquetado en otros idiomas diferentes al español, lo que conlleva a su inmovilización. También los préstamos hipotecarios han sido objeto de controles en los que se han examinado las escrituras hipotecarias y la inclusión de cláusulas abusivas que han motivado quejas, reclamaciones y denuncias.
Igualmente, se ha llevado a cabo una campaña de control de juguetes para comprobar que están debidamente etiquetados, de acuerdo con la legislación aplica-ble a estos productos, y cumplen con los requisitos de seguridad exigidos en las nor-mas de la serie UNE-EN 71.
La Junta ha recordado que en algunas campañas colaboran Guardia Civil, Po-licía Local de la Provincia, Policía Autonómica y el Servicio de Aduana, cuerpos con los que se trabaja en la Gestión de la Red de Alerta de Productos de Consumo. Para ello, periódicamente la Inspección de Consumo mantiene reuniones de coordinación con los mismos.
En este contexto se enmarca una actuación que llevó a cabo el pasado 11 de diciembre la Inspección de Consumo en colaboración con la Guardia Civil y Policía Local, en la que se inmovilizaron unos 800 juguetes por deficiencias en el etiquetado. En la citada actuación se encontraron expuestas al público 332 películas en DVD de carácter pornográfico y 25 barajas de cartas de iguales características al alcance de menores y junto a material infantil como rotuladores y material escolar.
Sanciones
Como consecuencia de las inspecciones realizadas, en 2013 se han iniciado 150 expedientes con una propuesta de sanción de 1.167.000 euros. Por otro lado, durante este año se han resuelto otros 128 expedientes que acarrean una sanción para los infractores de 1.796.000 euros. Marín ha destacado la sanción impuesta a una operadora de telefonía por un importe de 920.000 euros.
Por último, tanto Fiscal como Marín coinciden en señalar que, dadas las carac-terísticas del Servicio de Consumo, y siendo cada vez mayor la exigencia de la ciuda-danía, tanto de conocimientos como de calidad de servicio público, es indiscutible la necesidad de diseñar unos Servicios de Consumo adaptados a las necesidades de la sociedad actual.
