El secretario de Organización del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, ha incidido este martes en que el alcalde de La Palma del Condado (Huelva), Manuel García Félix (PP), debe dar explicaciones "de manera urgente" sobre la presunta relación de la empresa 'Fitonovo', implicada en la operación 'Enredadera', con el Consistorio palmerino.
   En rueda de prensa, el socialista ha exigido explicaciones para conocer si en el Ayuntamiento de La Palma del Condado se cobraron supuestamente comisiones por parte de la empresa Fitonovo puesto que como apareció en prensa en su momento según la declaración ante la jueza Mercedes Alaya del administrador de esta empresa, José Antonio González Baro, el Consistorio palmerino adjudicó en 2011 las obras de adecuación de la piscina municipal a Fitonovo, y ésta "rebajó el precio en 300 euros sobre el precio de licitación, pero la comisión fue en torno a 10.000 euros".
   Asimismo, Ferrera ha recordado que, además de esta declaración, tal y como adelanta 'eldiario.es', la Guardia Civil investiga este caso en La Palma del Condado ya que hay documentación sobre esos abonos pero sigue sin conocerse a quién iban dirigidos y un trabajador de Fitonovo ha declarado en este sentido.
   A este respecto, el socialista ha hecho hincapié en la importancia de que el alcalde "dé explicaciones" para "tranquilizar a los vecinos" y para evitar "cualquier sospecha sobre si alguien del Consistorio se ha servido de su cargo para meter la mano en la caja".
   Del mismo modo, se ha mostrado convencido de la necesidad de, en el caso de ser esto cierto, se depuren las responsabilidades oportunas, al tiempo que ha criticado "el silencio" que tiene sobre este asunto el primer edil.
   Por ello, ha instado a García Félix y a su equipo a respaldar la iniciativa del grupo municipal en el Consistorio palmerino, la cual solicita "máxima transparencia" sobre esta cuestión de la adjudicación a Fitonovo. A su juicio, "hay que despejar las dudas" que puedan haber creado sobre cualquier empleado municipal, de los que ha sostenido "su honradez", y por tanto, ha defendido que se den todas las explicaciones que correspondan para esclarecer lo que pudiera haber ocurrido.
   Tras subrayar que "el silencio no es bueno", ha indicado que el actual alcalde presidió en dos ocasiones, --entonces como concejal de Urbanismo--, la mesa de contratación de la adjudicación de las obras de la piscina.
   "Por qué el PP de La Palma guarda tanto silencio sobre este asunto", se ha preguntado Ferrera, quien ha instado al propio PP a que "si el Ayuntamiento no toma medidas a que lo haga el partido".
   Finalmente, ha expresado su confianza en que la investigación de la jueza siga su curso y se ha cuestionado "por qué en el Ayuntamiento de La Palma no se ha producido ningún registro" y se ha preguntado si pudiera ser porque era entonces alcalde de La Palma del Condado, Juan Carlos Lagares (PP), que es también diputado nacional. Así, espera que el ente local "reciba el mismo trato" que cualquier otro Consistorio independientemente del color político puesto que, en su opinión, lo importante es favorecer "la transparencia" en el Ayuntamiento palmerino.

OTROS ASUNTOS
   De otro lado, Ferrera se ha referido a los buenos datos de ocupación turística registrados en el puente de la Constitución y de la Inmaculada, lo que evidencia "el potencial" del destino onubense y "el esfuerzo" del sector empresarial para conseguir agradar al visitante. Además, ha resaltado las campañas de promoción impulsadas por la Junta y la Diputación, al tiempo que ha insistido en la necesidad de mejorar las conexiones e infraestructuras al objeto de facilitar al turista su acceso a Huelva y "tanto durante su estancia como a su regreso se vaya con un buen sabor de boca de Huelva".
   Por último, el socialista ha expresado su pesar por las 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y ha pedido al Gobierno central y en concreto, al nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que de manera urgente revisen las medidas y políticas en esta materia, de forma coordinada con las comunidades autónomas y ayuntamientos, para evitar "el terrorismo de género" puesto que se trata de una problemática que es "un asunto de Estado".