En el centro penitenciario de Huelva, a finales de este verano, se comenzó a implantar un nuevo programa de gestión sanitaria y esta implantación ha sido "cuanto menos deficiente", según asegura el sindicato Acaip en una nota de prensa, en la que indica que se “está poniendo en riesgo la salud de los internos y la seguridad de trabajadores y resto de la población reclusa”.
Para el sindicato esto se debe, entre otros motivos, a "los graves problemas de planificación en la implantación de dicho programa reflejado en cuestiones como que el diseño de este programa no tiene en cuenta las particularidades del medio penitenciario, una falta de protección de datos personales de los profesionales sanitarios penitenciarios y una falta de formación al personal sanitario penitenciario y asistencia por personal especializado sobre el uso de dicho programa".
Pero estas deficiencias pueden ser consideradas "irrelevantes" en relación a los problemas "sufridos a diario por los empleados penitenciarios en el centro penitenciario de Huelva", añade Acaip, que asegura que "este nuevo software ha resultado ser un programa altamente inestable", pues "se han detectado graves errores, tales como medicaciones que desaparecen sin explicación e incluso todo lo contrario, internos a los que les aparecen dosis de metadona activos y que no es real, ni son receptores de tal tratamiento, dosis que varían según sea día par o impar, internos que desaparecen de los listados, o internos en listados que ya no se encuentran en el centro".
El sindicato recuerda que el centro penitenciario de Huelva es uno de los de "mayor consumo de medicación psicótropica del país". Esto unido a "las carencias de profesionales sanitarios de nuestro centro (especialmente facultativos) y la falta de contrataciones en el reparto de medicación", hace que "se convierta en una decisión temeraria la implantación de un programa de gestión sanitaria cuanto menos deficiente suponiendo un verdadero peligro para salud de los internos y la seguridad de los trabajadores".
Por ello, exigen "la inmediata paralización en su funcionamiento del programa de gestión sanitaria".
