La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha realizado en lo que va de 2018 un total de mil inspecciones en la zona del entorno de la Corona Forestal de Doñana al objeto de detectar pozos ilegales, así como ha levantado 328 actas de denuncia y tiene en curso 86 informes al respecto, según han informado a Europa Press desde la CHG. En los dos últimos años se han cerrado un total de 300 pozos en toda la zona de la Corona Norte.
De este modo, han remarcado el complejo procedimiento que tiene en marcha para la clausura de estos pozos y zanjas que se utilizan para regar zonas no autorizadas. En concreto, han indicado que si, históricamente, los pozos han sido la fórmula predominante, de un tiempo a esta parte las zanjas han proliferado, lo que dificulta su hallazgo ya que surten a zonas que pueden localizarse a kilómetros de distancia.
Por tanto, además de las inspecciones a pie de sus guardas, la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir trabaja desde hace tres años también mediante la teledetección para intentar localizar los puntos de agua no regularizados en su afán de "perseguir la superficie de regadío fuera de zona regable".
Por su parte, en 2017 la CHG realizó más de 668 inspecciones y ha llevado a cabo 359 actas de denuncias y 107 expedientes de infracción, llegando la cifra de inspecciones en lo que va de este ejercicio a unas mil, lo que pone de relieve la "eficacia" de la teledetección.
Asimismo, hay que recordar las reacciones generadas tras "la retención sufrida por uno de sus guardas fluviales a manos de un grupo de vecinos, en el ejercicio de estas funciones" en Lucena del Puerto, donde se han de clausurar 77 pozos ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Lucena a ello después de que en 2013 se iniciara todo el proceso tras una denuncia del Seprona. Ante esto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comenzó el correspondiente expediente sancionador.
De este modo, desde la CHG han incidido en la complejidad del proceso para poder cerrar los pozos irregulares puesto que, además de la detección, luego hay que denunciar al titular y comenzar con todo el procedimiento correspondiente.
Este controvertido asunto lleva años de trabajo ya que, tras mucho tiempo, se logró la aprobación en 2014 del Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que impulsó la Junta de Andalucía, para delimitar las zonas regables.
