El Colegio Oficial de Dentistas de Huelva ha solicitado personarse como acusación particular en el procedimiento judicial contra la clínica Vitadental de Huelva, que ha cerrado sus puertas dejando con tratamientos sin finalizar a más de un centenar de clientes, muchos de los cuales tienen comprometidos préstamos de varios miles de euros con entidades financieras.
Según ha confirmado a Viva Huelva el presidente del colegio, Víctor Manuel Núñez, este órgano profesional ya era conocedor de la delicada situación de la empresa Vitadental XXI S.L., ya que desde el año pasado están formulando reclamaciones judiciales por impago a instancias de varios profesionales colegiados, que eran trabajadores de la clínica.
Núñez, que califica la actuación de esta empresa como “lamentable”, explica que el Colegio se ha puesto a disposición de los afectados y ya han atendido a una decena de ellos.
También la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está recibiendo estos días las consultas de ciudadanos afectados por el cierre de la clínica, que ha sido declarada en concurso de acreedores.
Fuentes de la administración sanitaria autonómica han confirmado a este periódico que la Junta “está interviniendo y es conocedora de este tema” desde el pasado 7 de enero, cuando recibió la primera queja de un usuario. Hasta este miércoles habían recibido seis solicitudes de información de afectados. A todos ellos la Junta les ha informado a través de su servicio de Consumo “de los pasos que tienen que dar para que se garanticen sus derechos”.
Así, les han indicado que deben presentar una denuncia en el juzgado si se han visto afectados por el incumplimiento del servicio abonado y trasladar la situación al Colegio de Odontólogos, el administrador concursal y la entidad bancaria en caso de haber accedido a un préstamo para el pago de los servicios.
También está interviniendo en este caso el Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial de la Delegación de Salud, para que los pacientes puedan acceder a su historia clínica.
La Delegación “espera y desea que esta situación quede resuelta lo antes posible” y garantiza que “va a trabajar en salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios que se hayan visto perjudicados por el cierre de la clínica”.
También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado tras conocer la situación de decenas de personas en Huelva, a quienes recomienda “denunciar cuanto antes los perjuicios ocasionados, bien en comisaría o ante los servicios de consumo”. OCU ha pedido “el endurecimiento de las sanciones por infracciones y fraudes de consumo y procedimientos eficaces de reclamación”.
Para ayudar a actuar a los afectados, OCU ha habilitado el teléfono de su Delegación de Andalucía, el número 900 607 678.
OCU recomienda a los afectados que recopilen toda la documentación que tengan de la clínica y, seguidamente, se dirijan a la clínica por buro-fax reclamando el cumplimiento del contrato y copia del historial médico. Después, indican, deben presentar una denuncia.
En el caso de haber sufrido mala praxis, los afectados deben presentar una reclamación ante la Delegación de Salud. Asimismo, OCU recuerda que los clientes que tengan un crédito vinculado al servicio deben dirigirse por escrito a la entidad financiera “para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio”. En este caso, aclara OCU, la legislación reconoce que ese crédito deja de ser exigible.
Para intentar afrontar todos estos pasos de forma conjunta los afectados se han reunido en un grupo que ya cuenta con 127 miembros. Una de sus coordinadoras, Vanessa Díaz, explica que este miércoles han hablado con un abogado, que les ha ofrecido una intervención conjunta, aunque tendrán que presentar demandas individualizadas. En las próximas horas, las medida a adoptar.
Asimismo, los clientes afectados van a solicitar el respaldo al Colegio de Dentistas para poder finalizar sus tratamientos, algo que consideran urgente.
Las prioridades para los afectados, indica Díaz, son “presentarse al concurso de acreedores, paralizar la financiación quien la tenga y pedir una indemnización”.
