La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía impulsa una actuación de gran envergadura en la sede judicial de la avenida Tomás García-Figueras, consistente esta vez en la renovación integral de puertas y ventanas.
El objetivo no es otro que el de mejorar la eficiencia energética del edificio. Las obras han sido encargadas a la empresa pública Tragsa, que a su vez ha licitado el suministro del material necesario para acometer la intervención.
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas son cuatro las empresas que aspiran a suministrar el material que Tragsa necesita para cumplir con el encargo de la Junta.
La oferta más ventajosa es de 314.075 euros (IVA incluido), una cantidad a la que habría que sumar el coste de los servicios de la empresa pública.
Sea como fuere, el caso es que la actuación que se promueve tiene una parte positiva y otra negativa.
De un lado, se trata de una inversión importante que vendrá a mejorar un edificio que presenta numerosas carencias.
Pero por otra parte, el hecho de que la Junta se decida a acometer una inversión de estas características aleja aún más si cabe la posibilidad de que se dote a Jerez de la ansiada Ciudad de la Justicia.
El propio consejero de Justicia, José Antonio Nieto, admitió a principios del pasado mes de octubre que la Ciudad de la Justicia de Jerez no era más que “una idea” que carecía de “horizonte temporal” para poder materializarla.
Nieto negó en cualquier caso que el Gobierno autonómico vaya a “enterrar esa idea”, pero advirtiendo al mismo tiempo de que a día de hoy “no hay una definición de las necesidades” de Jerez en materia judicial, “ni un sitio en el que ubicar” ese complejo, que “es lo primero que se necesita” para redactar un proyecto.
El consejero sí se comprometió a “organizar y ordenar partidas económicas para mejorar las condiciones en las que se imparte y se recibe justicia” en Andalucía.
