Mayoral puso de manifiesto que, al estar todavía ese contrato en vigor, no cabía la posibilidad de asignar el proyecto a otra persona, so pena de indemnización por parte del gobierno municipal. Esta sería, pues la razón de que el proyecto haya recaído en sus manos por segunda vez.
El portavoz de PIVG recordó que, hasta el momento, se han estado efectuando desde el Ayuntamiento “modificaciones puntuales” del ordenamiento actual “para adaptarlo al POT” y que si “hay algún trabajo que se tenga que realizar externamente” no cabía otra posibilidad que contar con Recuenco. “Si se elegía a otro arquitecto, el otro, en todo su derecho, se podría querellar” contra el Ayuntamiento.
En cualquier caso, Mayoral indicó que “habrá que hacer una valoración y ver qué pasa” con ese contrato. Por ahora, Mayoral afirmó que “no estamos pagando nada. Estamos haciendo cosas, pero internamente” y señala la actuación de Recuenco como “puntual”.
Igualmente, Mayoral indicó que “siempre ha estado encima de la mesa si se finaliza o no” el PGOU. Para el representante de PIVG, lo que está claro es que, en caso de que se tuviese que haber hecho una revisión del contrato de Recuenco, la cantidad de dinero que habría que pagar al arquitecto, que Palma y Ledesma calificaron como “simbólica” no debería, a juicio de Mayoral, muy diferente a esos 200.000 o 300.000 euros que restaban aún por pagar al redactor del PGOU.
Antes de 2011, imposible
En cuanto a las afirmaciones realizadas tras la celebración de la Junta Local de Gobierno el pasado martes, cuando se decidió reiniciar la redacción del PGOU “tras alcanzarse un acuerdo con el equipo redactor del documento”, dirigido por Luis Recuenco, de que el planeamiento estaría realizado antes de que finalizase el año, Mayoral manifestó que tal cosa “de momento, no es factible”.
En este sentido, Mayoral indicó que serán necesarias varias revisiones del planeamiento urbanístico para adaptar el proyecto al Plan de Ordenación Territorial (POT) de la comarca, para el que a su vez ya ha presentado el Consistorio sus alegaciones.
Recordó también todas las dificultades que supuso la redacción del plan durante el año 2005, y que tras la presentación de las alegaciones no logró salir adelante. En cualquier caso, como comentó Mayoral, “la Junta de Andalucía no lo habría aprobado porque estaba sobredimensionado, en cuanto al número de viviendas y otra serie de datos”.
