Más de 70 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido en el Ayuntamiento de Jerez en el verano de 2012 con María José García-Pelayo en la Alcaldía podrían regresar a la plantilla municipal en el marco de la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral, impulsado por el Gobierno de Mamen Sánchez y aprobado esta semana en Junta de Gobierno local al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La oferta de empleo público incluye 911 plazas para el Ayuntamiento y otras 156 para las sociedades y fundaciones municipales. La Junta de Gobierno local, presidida por la alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez, aprobó este pasado martes el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas, que en estos próximos días será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP), después de que se impulsara este proceso en 2022 y se acordara incluir todas las vacantes posibles para que pudieran acceder personas que sufrieron el ERE.
En total se han presentado 3.765 solicitudes, si bien debe aclararse que una misma persona podía optar a varios puestos. Con independencia de ese detalle, lo cierto es que en la relación de solicitudes admitidas y excluidas aparecen hasta 78 personas que hace ahora once años se vieron afectadas por el ERE municipal. De esas solicitudes, 67 han sido ya admitidas y el resto podría serlo a lo largo del periodo de alegaciones que se abrirá con la publicacion de la lista en el BOP dado que en la mayor parte de los casos las cuestiones que justifican su exclusión son perfectamente subsanables.
Tal y como indica su propia denominación, este procedimiento se dirige especialmente al personal indefinido municipal y tiene como objetivo consolidar sus puestos como personal laboral fijo en el caso de que reúnan los requisitos exigidos para ello. En teoría, la práctica totalidad de esos trabajadores podrá consolidar su plaza aportando la documentación que le ha sido requerida, pero aún así quedarían una serie de vacantes -entre 60 y 70- que tendrían que ser cubiertas por personal de nueva incorporación.
Es ahí precisamente donde tienen ventaja los extrabajadores municipales, que cuentan con una mayor puntuación sobre el resto dado que acreditan una experiencia previa en el Ayuntamiento de Jerez, por lo que gracias a este proceso impulsado desde el gobierno de Mamen Sánchez podrían volver al Ayuntamiento tras sufrir el despido por su inclusión en el ERE aprobado por el Gobierno de María José García Pelayo en el mandato de 2011-2015.
El ERE municipal afectó a 260 trabajadores, si bien aproximadamente la mitad tenía entonces más de 59 años, por lo que ya han alcanzado su edad de jubilación. En 2016, hasta 118 despedidos expresaron su voluntad de regresar al Ayuntamiento en el marco de las conversaciones que entonces mantenían con el Gobierno local.
Siete años después de todo aquello, esta Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral podría abrirle la puerta a muchos de esos afectados, dándose la paradoja de que su reincorporación coincidiría con el regreso a la Alcaldía de María José García-Pelayo, que fue precisamente la persona que firmó sus despidos.
Esta oferta pública de empleo trata de poner fin a la temporalidad de una gran parte de sus trabajadores laborales indefinidos y funcionarios y funcionarias interinos de la plantilla municipal y como se ha explicado con anterioridad se enmarca en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La Administración local inició este proceso cumpliendo con el plazo establecido por la Ley, que establecía la obligación para todas las administraciones públicas de aprobar su oferta antes del mes de junio de 2022.
La Ley obligaba a las administraciones a convocar procesos selectivos para estabilizar plazas estructurales ocupadas temporalmente de forma ininterrumpida durante al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.
