En el Juzgado número 3 de los de la ciudad prestarán declaración, el próximo lunes, los responsables del Consorcio Provincial contra Incendios, como imputados en la querella criminal presentada por el bombero algecireño, Manuel Martín López Cazorla, el pasado año, por un supuesto delito de acoso laboral, según aseguró ayer a este diario el responsable de la sección sindical del CSIF en el parque algecireño, Francisco Silvestre.
En concreto, acudirán como “acusados el presidente del Consorcio Provincial, Andrés Beffa; el director gerente de dicha empresa, Javier Otalora; el director técnico, José Luis Ferrer, el suboficial jefe del parque de Algeciras, Manuel García y el médico de la empresa, Antonio Ares.
Por parte de del CSIF prestarán declaración los delegados sindicales, el responsable de la sección sindical, Francisco Silvestre; el presidente de la junta de personal y un testigo.
Silvestre recordó que el caso se remonta a cuando López Cazorla “estuvo de baja durante varios meses, como consecuencia de una enfermedad que fue difícil diagnosticar enfermedad”.
Un tiempo después, “se llevaron a cabo reuniones con el médico de la empresa que, en el mes de diciembre, le propuso una jubilación forzosa”.
Enfermedad crónica
Sin embargo, según el sindicalista, “López Cazorla, para tomar una decisión, aún dependía de unos informes médicos que tenían que llegar”. Por esta circunstancia “se acordó posponer la decisión y cuando llegaron los informes, se conoció que la enfermedad que padece es crónica pero no tan grave como se pensaba en un principio”.
Sin embargo, “el médico entonces cambió lo que dijo en diciembre, pero aún seguía faltando un informe reumatológico, que no llegó hasta septiembre del siguiente año”. Con este documento “en la mano, el médico de cabecera del bombero algecireño le dio el alta”.
21 días despedido
En ese momento, “López Cazorla, que es vocal de la sección sindical, se incorporó a su puesto de trabajo, pero se suscitaron una serie de situaciones, porque la empresa le instaba a que se jubilara, hecho al que él se negaba”.
Además, según Silvestres, “cuando se incorporó, al bombero le quedaba pasar por la Inspección Medica, pero por parte del Consorcio se le acusó de que él había solicitado el alta y empezaron a venir problemas”.
En concreto, “no le daban la ropa cuando lo solicitaba y tuvo una baja por gripe y se encontró que le habían dado de baja en la empresa y estuvo 21 días prácticamente despedido, cuando él es funcionario “.
Después, “tras muchas reuniones y consultas conseguimos que por parte del Consorcio fuese readmitido, pero a partir de ese momento entendemos que ha existido una persecución continua”, concluyó.
Cabe recordar que López Cazorla protagonizó una huelga de hambre, durante la negociación del convenio colectivo, para denunciar lo que el bombero consideraba como “maniobras antisindicales por parte de la empresa”.
