La Junta de Gobierno local ha aprobado la modificación del contrato de las obras de reordenación y urbanización del eje Santiago-Puerta de Sevilla, que desde el pasado mes de diciembre afectan al tramo comprendido entre la calle Oliva y la plaza de San Juan.
De este modo se atiende un requerimiento de la empresa que resultó adjudicataria de las obras, AFC Construcciones y Contratas S.L., que ya desde el pasado mes de enero venía advirtiendo de la imposibilidad de cumplir con los plazos iniciales como consecuencias de los imprevistos que empezaron a surgir en cuanto se adentró en el subsuelo del vial en el que debía actuar.
Como consecuencia de lo cual, atendiendo a la solicitud de la dirección facultativa de las obras y con un informe jurídico favorable, el Gobierno local ha incrementado en cinco meses el plazo de ejecución del proyecto completo, debiendo aumentar también el presupuesto de los trabajos en 251.406,43 euros (IVA incluido).
De este modo, el plazo de ejecución de las obras se eleva a veinte meses y el presupuesto a 1,7 millones de euros (IVA incluido). Conviene advertir a este respecto de que actualmente se está interviniendo en la primera fase de un proyecto que posteriormente debe extenderse por las calles Francos, plaza de la Compañía, Padre Rego, San Marcos, Rafael Rivero y el tramo de Tornería más próximo a la Puerta de Sevilla.
La dirección facultativa de las obras justifica la modificación del proyecto en “el desconocimiento de las infraestructuras de servicios públicos que discurren por el subsuelo en un ámbito de intramuros de origen medieval en el que no se encuentran documentadas de manera fehaciente las distintas canalizaciones, conductos y tuberías existentes”.
Así, “nada más comenzar los trabajos para sustituir la red de abastecimiento” se detectó que el mismo correspondía a un sistema general de la ciudad, contando con “una tubería de fundición gris muy antigua de un diámetro de gran dimensión y poco habitual” a través del cual se abastecía a gran parte del centro histórico desde los depósitos de Tempul.
Además, esa instalación no contaba “con los sistemas de valvulería necesarios para poder sectorizar los distintos tramos ni la infinidad de ramales que, pinchando en la red general, abastecían a sectores colindantes, bien por encontrarse las válvulas en mal estado sin cumplir su función o por ni siquiera existir”.
Por si fuera poco, en el tramo afectado por las obras aparecieron “un número muy superior de acometidas existentes respecto a las facilitadas por el informe” inicial, que “lógicamente fue necesario renovar”. De igual modo, en la calle Francos apareció un tubo de saneamiento de hormigón que una vez inspeccionado se supo correspondía a una antigua atarjea situada “a gran profundidad”, por lo que la sustitución prevista no pudo llevarse a cabo, debiendo recurrirse a “otra solución”.
Eso por no hablar de infraestructuras de telecomunicaciones, baja tensión y alumbrado público, acerca de las cuales han ido apareciendo “infinidad de canalizaciones no contempladas en los informes aportados por las distintas compañías suministradoras”, por lo que ha sido necesario desviarlas, sustituirlas o anularlas, según los casos.
Ya el 31 de enero, la dirección facultativa consideraba “debidamente justificada” la solicitud cursada por la empresa pidiendo una ampliación de tres meses del plazo de las obras, que un informe jurídico municipal no consideró conforme a derecho ya que cuando se realizó esta petición el plazo de prórroga demandado superaba el tiempo de obra transcurrido.
