Montero: ?Roseworld cumplía mientras que a Promaga iban ya a embargarle?

El concejal del Ayuntamiento de La Línea Juan Francisco Montero, manifestó ayer que la Mesa de Contratación que resolvió a favor de la empresa Roseworld en la adjudicación de cuatro parcelas en La Colina constató que Promaga “tenía deudas que estaban ya en vía ejecutiva” y que por tanto había peligro de que la embargasen. De igual modo, negó que el secretario de la mesa de contratación, Alfonso Ruiz Pau, estuviese “nervioso” o “preocupado” por la posible insolvencia de Roseworld advertida por el edil socialista Miguel Tornay, y comentó que más bien fue él quien comentó a la mesa los argumentos que hacían más aconsejable su elección, dado que también contaba como técnico.

Al igual que hiciesen ayer el ex alcalde Juan Carlos Juárez y el coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama, argumentó que “nos hemos limitado a valorar las condiciones y el cumplimiento de las mismas por los candidatos” en función de los informes favorables de la Comisión Técnica, que fueron aportados por la letrada Sonia Rey.

Contradicción
Asimismo, Montero puso de manifiesto que Tornay cambió de voto en pleno proceso de adjudicación, pues de haber votado inicialmente a favor como los demás miembros de la exclusión de Promaga, tras las amenazas de denuncia de los abogados de esta última compañía modificó su opinión al respecto.

Por su parte, el propietario de Roseworld, Anil Takhourdas, se reiteró en que conoció la oferta de estos terrenos “a través de la oferta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dejó claro que la no resolución de su contrato con el Ayuntamiento tras no efectuar el pago aplazado de la segunda mitad de los 12 millones de euros respondía a que el acuerdo implicaba que el pago tendría lugar “una vez que se realizase la aprobación definitiva de la modificación de la parcela”, algo que “nunca ocurrió” porque la Junta echó para atrás la propuesta aprobada en Pleno.

Entró sin embargo en una contradicción en tanto en cuanto durante la instrucción del caso admitía haber asumido personalmente las negociaciones para la venta posterior de la parcela, algo para lo que ahora identifica a su socio, Kevin Phelan. Además, no dejó claro por qué declaró a Hacienda dos veces la cantidad abonada a la empresa de Ruiz Calama.

Además, el entonces consejero delegado de Abuztua Inversiones, Rafael de los Reyes empresa que se hizo cargo de la deuda de Roseworld y logró los terrenos para Lábaro, declaró que desconocía la existencia de una causa penal –que no la administrativa- en relación a la adjudicación de la parcela y teme haber sido víctima de un engaño.

Los también ediles Mari Cruz Atienza y Francisco Muñiz testificaron en términos similares a Montero, mientras que el secretario alegó no recordar los detalles de las actuaciones de la mesa, indicaron fuentes judiciales.

Ayer tarde se cerró el interrogatorio de los acusados y la vista se reanudará el próximo martes con la concurrencia de los 36 testigos.