El préstamo acordado por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, con un empresario de Algeciras al margen de entidades financieras, ha despertado no pocas suspicacias entre los otros grupos políticos de la corporación local barreña, que han expuesto sin tapujos sus principales dudas.

El PSOE fue el más duro en criticar el movimiento de Romero calificando de “chapuza” la operación crediticia a través de la cual el equipo de gobierno logró el dinero necesario para abonar las nóminas atrasadas el pasado mes de diciembre.

Los socialistas expresaron sus dudas sobre la legalidad de la actuación. Sospechan, además, según reza en dicha nota, que tras la referida operación “pudiera hallarse un intento de pelotazo encubierto”.

El equipo de gobierno del PA recurrió al préstamo de un particular por importe de 1.396.455,67 euros a cambio de un pagaré extendido por el Banco Sabadell de 1.500.000 euros que vencerá el próximo mes de abril. El PSOE se pregunta por la forma en que se ha tramitado el procedimiento a través del cual se ha efectuado el crédito, así como con los informes y expedientes preceptivos de los técnicos municipales competentes.

Para los socialistas, “el citado préstamo se ha cerrado a un interés excesivamente elevado, muy por encima del precio legal del dinero, con el consiguiente “perjuicio” que ello generaría a las arcas municipales, y el beneficio que obtendrá el particular por la transacción resulta exagerado, podría decirse que “incluso escandaloso”, dado que el Interés Anual Equivalente sería de un 27,61%.

Red social
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Los barrios, David Gil, llamó la atención, por su parte, sobre lo “ridículo” que supone que el primer edil recurra a la red social para hacer pública su intención de hacer valer el aval de Diputación.

La intención del PP es acudir al próximo Pleno en el Ayuntamiento de Los Barrios con idea de “preguntar cómo se ha establecido el tipo de interés”, al tiempo que exigirán a Romero que explique “qué coste repercutirá a las arcas de los ciudadanos que este aval lo hiciera un particular”.

Asimismo, creen que el proceso para seleccionar al prestamista tendría que haberse sometido a un proceso concursal y que, por tanto, el mecanismo utilizado provoca dudas sobre las motivaciones del acuerdo.

Domínguez Conejo
En el mismo sentido se expresó el portavoz de PIBA 2000, Miguel Domínguez Conejo, quien llegó a afirmar que, en su opinión, aquello “estaba pactado previamente” y que el anuncio “no era más que un anzuelo”.

De igual modo, Domínguez Concejo duda que se trate de una solución permanente, aunque cree que “está garantizada” la devolución por el aval de la Diputación.

Servicios
Tras la amortización de las primeras 116 plazas, las opiniones respecto a la afectación de los servicios municipales son muy diversas. El alcalde, Jorge Romero, aseguró que “la normalidad ha sido la tónica general”.

El Consistorio trasladó a personal de unas dependencias a otras para compensar los servicios que quedaban más afectados por los despidos. Así, por ejemplo, trabajadores de Deportes han pasado a Tesorería; y de allí se ha trasladado personal a la Junta de Distrito de Palmones, con cuatro empleados; y personal de Seguridad Ciudadana ha pasado a la Oficina Municipal de Los Cortijillos, quedando un administrativo y dos trabajadores para el Centro de Salud.

Sin embargo, el PSOE habla de “caos” en el módulo de salud de Palmones, donde “no se decidió un sustituto para ocupar el puesto necesario”, convirtiendo en una “odisea” el conseguir una cita.

Otro ejemplo se ha producido en Los Cortijillos, donde el responsable habitual de la Oficina Municipal ha sido trasladado al módulo sanitario, dejando sin un servicio efectivo el nuevo edificio ubicado junto al multiusos. Además, señalaron que la Casa de la Cultura estaba cerrada.

Supuestas irregularidades
El PIBA 2000 puso ayer de manifiesto algunas irregularidades que, a su juicio, se han estado llevando a cabo durante el proceso de despido de los trabajadores afectados por la amortización de plazas.

Desde esta formación aseguran que los empleados tuvieron que trabajar el pasado viernes 3, estando ya dados de baja en la Seguridad Social; y que, después, se les dio de alta el sábado y domingo para “ahorrarse el abono de los correspondientes días de vacaciones”.

Por su parte, Romero pidió a Domínguez que no “distorsione la realidad para engañar a los trabajadores cuyas plazas han sido amortizadas”. Asimismo, advirtió de que “nosotros vamos a cumplir con lo que nos marca la ley y a los amortizados; por ejemplo, se les pagará las vacaciones y hasta el ultimo día trabajado”, detallando que el día 3 estaban dados de alta.

Además, el sindicato UGT advirtió a Romero que “va a tener denuncias para alicatar seis cuartos de baño”, y recordó que su departamento jurídico ya tiene en marcha la impugnación de los presupuestos con los despidos.