El Gobierno local no descarta la posibilidad de asumir la gestión directa del servicio de transporte público a medio plazo, aunque en ningún caso parece dispuesto a pagar indemnización alguna a Urbanos Amarillos por un eventual rescate de la concesión. La alcaldesa, María José García-Pelayo, aseguró en una entrevista concedida al espacio La tronera, de Una TV, que el equipo de Gobierno no ha adoptado “ninguna decisión” respecto al futuro del transporte urbano, aunque “todo dependerá” en buena medida de “cómo funcione” el secuestro de la concesión y, sobre todo, de las recaudaciones que se obtengan, algo que permitirá determinar cuál sería el coste real que tendría que asumir el Consistorio en caso de que opte por la gestión directa. García-Pelayo recordó que el secuestro es “una fórmula intermedia entre el rescate y la gestión privada” que “va a permitir organizar el servicio y adoptar decisiones de futuro” de cara a “garantizar la prestación del servicio y el mantenimiento del empleo”.
En el supuesto de que Urbanos Amarillos optara por el abandono de la concesión, el Ayuntamiento volvería a sacar el servicio a concurso público con la intención de encontrar a una empresa “fuerte” que garantizara la normalidad. “Y si no es así, siempre queda la vía de prestar directamente el servicio desde el Ayuntamiento. El transporte público, si se trabaja bien, se puede casi autofinanciar. Hay vías para que no suponga un coste extraordinario”, zanjó.
García-Pelayo aseguró que el Gobierno ha entregado a los trabajadores un plan de pagos, por lo que “saben cuándo van a cobrar” las nóminas que a día de hoy les adeuda la concesionaria.
La regidora adelantó también que el Consistorio “va a hacer todo lo que necesario dentro de la ley para evitar que vuelvan a producirse conflictos” que redunden en la prestación del servicio.
La intervención de los autobuses ‘manejará’ 450.000 euros al mes
Los técnicos municipales que asumen la intervención de Urbanos Amarillos dispondrán a partir de junio de unos 450.000 euros con los que hacer frente al abono de las nóminas de los trabajadores y a los gastos propios de combustible y mantenimiento de los autobuses. El Gobierno local contempla una transferencia mensual de 250.000 euros a la concesionaria, a la que se unirá la recaudación que se obtiene en base a la venta de los títulos de viaje en cualquiera de sus modalidades, que ronda los 200.000 euros. La intervención del servicio por parte del Ayuntamiento impide que ninguna de esas cantidades llegue directamente a la empresa, sino que serán los técnicos municipales los encargados de administrar el dinero.
