Hasta hace muy poco, la figura de los jueces también entraba en el lote de los “malos de la película” cada vez que se ejecutaba una orden de ejecución hipotecaria. Manifestantes, afectados y organizaciones en general los colocaban en la diana de sus reivindicaciones cada vez que una familia perdía su vivienda, pero afortunadamente eso también ha empezado a cambiar. Así lo corrobora el informe que han realizado seis magistrados por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncian los abusos del sistema español de desahucios y la “mala praxis” bancaria. Nadie como los jueces pueden ser mejores testigos de lo que está ocurriendo, pues una orden de desahucio no se hará efectiva hasta pasar por ellos, pero llegado a los extremos actuales este colectivo ha entonado el “basta ya” y para ello propone una profunda reforma del marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, el Pleno del CGPJ ha acabado desmarcándose a los pocos días del anexo a un informe que el propio órgano encargó, dejándolo reducido a meras recomendaciones.
Desgraciadamente Jerez no es un caso aislado, y todavía está en la retina de muchos el violento desahucio de Caulina que, además de dejar a una familia en la calle, se saldó con más de una decena de detenidos, en su mayoría del movimiento del 15-M durante la protesta pacífica que convocaron. Y las cosas no van a mejor, todo lo contrario, pues mientras cada vez hay más pisos vacíos, los juzgados siguen saturándose con este tipo de notificaciones.
En lo que va de año, según los datos a los que ha tenido acceso este medio, en el servicio común de notificaciones y embargos del partido judicial de Jerez ha registrado unos 350 ejecuciones hipotecarias, de las cuales se han llevado a cabo 250, frente a las 315 del pasado año. Unas cifras que confirman la tendencia generalizada al alza que se está dando en todo el país y que se ha multiplicado en los últimos cuatro años con la crisis económica. El juez decano de Jerez, Juan José Parra, acudirá del próximo 5 al 7 de noviembre a un Congreso Nacional sobre Jueces Decanos en el que plantearán una reforma “en profundidad” del sistema de ejecuciones hipotecarias ante la “impotencia” que les produce todo lo que está ocurriendo.
Y es que el estudio ha trascendido en una semana negra que ha llevado al peor de sus extremos el drama de los desahucios, tras el suicidio de un ciudad apenas unas horas antes de perder su casa en Granada (ya de por sí perder una vivienda es una tragedia). “Lamento muchísimo lo que ha pasado en Granada, como juez te sientes impotente por lo que está pasando. Ya es hora de cambiar la legislación”, señala Parra, quien no deja de reconocer que los números de desahucios que se están dando tanto en España como en todo el país son “disparatados”. Por ello, aboga por “reconducir” la situación y hacer un “estudio ponderado” analizando el “nivel de endeudamiento” de las familias afectadas. Mientras tanto, cuando ni siquiera ha cumplido un año de su creación, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está desbordada por los casos que registra a diario y se ha convertido en todo un referente tanto en Jerez como en el resto de la provincia para las familias que luchan para que el banco no se quede con su vivienda.
Tal y como indica su presidente, Lorenzo Barba, quien sabe lo que es verse en esta tesitura, ya que su casa ha salido a subasta, en estos momentos la PAH tiene sobre la mesa más de un centenar de casos, de los que cerca de 100 son de Jerez, además de varios de Olvera, Chipiona, tres de Medina Sidonia, etc. A lo largo de los nueve meses que llevan trabajando de manera altruista para asesorar y sobre todo “intentar alargar el proceso” para ganar tiempo de cara a posibles acuerdos con los bancos, donde Barba sitúa el origen de los problemas, han evitado 25 desahucios. El último ocurría esta misma semana después de que la PAH consiguiera frenar un desahucio que iba a llevar a cabo Emuvijesa, la empresa municipal de la Vivienda de Jerez.
“El lanzamiento estaba fechado para hoy (por el miércoles) pero a través de Bienestar Social hemos llegado a un acuerdo para los pagos”. En este caso, como explica, ba la afectada que iba a quedarse en la calle por no poder pagar las letras de su hipoteca era una vecina de Jerez divorciada con tres hijas niñas y sin manutención de su exmarido. Sin embargo, no hay un perfil definido de las personas a las que la crisis y la falta de empleo les empuje a esta desesperada situación. “Hay de todo un poco, desde familias de nivel socio económico bajo, medio-alto y muchos avalistas, desde padres hasta abuelos que se convierten en afectados directos al fallar el familiar al que avalaron”, concluye.
Las 18 medidas que proponen los jueces
Los magistrados proponen 18 medidas para frenar los desahucios, algunas bastante llamativas: Determinar el concepto de deudor hipotecario de buena fe, como sujeto de aplicación de medidas excepcionales en la materia, que serían sólo afectados por ejecuciones hipotecarias en vivienda habitual o locales de negocio.
Elevación del denominado umbral de exclusión para flexibilizar los requisitos estrictos que establece el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno; Regulación imperativa en determinadas circunstancias de la dación en pago; Establecimiento de un régimen especial en el caso de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales o locales de negocio; Limitar los intereses moratorios, prohibiendo que sean superiores en 2,5 veces al interés legal del dinero en caso de descubierto; Modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria para que deje de ser un privilegio procesal de los bancos; Modificar el régimen de tasación de viviendas, a realizar por expertos independientes.
Elevar el porcentaje de adjudicación al acreedor (actualmente es del 60% del valor de tasación); Potenciación de subastas por Internet para mejorar las adjudicaciones y el número de interesados en pujar; ampliar los supuestos en que el deudor puede continuar usando la vivienda habitual o local de negocio.
La PAH localiza más de un millar de viviendas vacías en Jerez
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca está realizando un estudio que elevará a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en el que recopila el número de viviendas vacías que hay en Jerez en estos momentos. A falta de concluir este diagnóstico, el colectivo ha localizado más de 1.000 inmuebles vacíos tanto de iniciativa privada como de VPO después de que la falta de crédito de los bancos hayan dejado sin opciones a los aspirantes a propietarios, ya que una buena parte de esas viviendas son de nueva construcción. Sólo en la zona sur, una de las que más se ha expandido en los últimos años, la PAH ha contabilizado más de 120 viviendas sin habitar. “No podemos consentir que la gente se esté quedando en la calle y cada vez haya más casas vacías. No pedimos nada gratis”, recalca Lorenzo Barba, presidente del colectivo. “Mientras pasa esto, hay más de 40 familias en Jerez a quienes el banco como regalo de Reyes los va a dejar en la calle a principios de año, que es la fecha en la que les ha comunicado que saldrán a subasta sus casas”, denuncia. La PAH trabaja de manera altruista, por lo que en estos momentos están organizando un concierto solidario para el 29 de noviembre, al que ya han confirmado su presencia cantantes conocidos como Nolasco para recabar fondos para su asociación. “Necesitamos fondos para pagar a abogados en condiciones, porque la mayoría no se implica, y hace falta dinero para alojar a la gente y alimentos”.
El ‘fiasco’ de la Oficina de Intermediación Hipotecaria
Casi coincidiendo en el tiempo con la constitución de la PAH, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) aplicando el modelo de un municipio valenciano. La Plataforma de Afectados por la Hipotecaria ya avisó de que este servicio tendría una mera labor consultiva. A juzgar por las declaraciones del presidente de la PAH no ha ocurrido ni siquiera esto último. Ocho meses después no sólo se ratifica en sus vaticinios, sino que asegura que el servicio prácticamente se ha extinguido y se ha visto salpicado por el ERE municipal. “Ahora está en Emuvijesa y no en la Delegación de Bienestar Social (donde estaba su sede inicialmente), pero como ya advertimos, no ha servido para nada; de hecho, yo a estas alturas no conozco ningún caso que se haya parado”. Dicha oficina empezó a funcionar en abril gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento (Emuvijesa) y el Colegio de Abogados, con la idea de que una vez recibidos los expedientes de los ciudadanos afectados la OIH asumiera el proceso legal para buscar la situación que mejor se adapte a cada caso. En este proceso, como matizaron desde el Ayuntamiento, los letrados actúan como intermediadores entre el ciudadano y la entidad bancaria con el fin de frenar o evitar el proceso judicial.
También en el aire han quedado las negociaciones del entonces delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, con los bancos para permitir la salida al mercado en régimen de alquiler con opción a compra de las viviendas que las entidades bancarias no consiguen sacar al mercad por la crisis. Barba, que apoyó la medida, lamenta que este asunto “se haya quedado en el camino y todo hayan sido cortinas de humo”.
