Jerez tampoco se libra de los “archivos en cadena” de las denuncias de presuntos casos de bebés robados. Al contrario de lo que está ocurriendo en el resto del país, tanto en esta ciudad, como en Cádiz y la provincia de Huelva los juzgados parecen haber optado por anteponer el criterio de la prescripción al del supuesto delito en los casos con más de 33 años de antigüedad. Unas circunstancias que se han traducido en el sobreseimiento desde enero otras cinco nuevas denuncias en esta ciudad, algunas de las cuales ni siquiera se les ha llegado a dar traslado desde Fiscalía para que los padres presten declaración ante el juez.
La vicepresidenta de SOS Bebés Robados Cádiz y representante del colectivo en Jerez, Luisa Fernanda Terrazas, asegura que pese a este nuevo varapalo “no estamos desanimados, al contrario” y mantiene su convicción de que el hecho de que los juzgados den carpetazo a los casos evidencia que “todo lo que hubo aquí, es que es muy fuerte”, sentencia, para referirse a la trama de los supuestos robos de bebés con sólo día de vida de los hospitales denunciada a nivel nacional y de la que entre Jerez y la provincia se han formalizado casi 400 denuncias. Como argumenta Terrazas, entre los nuevos archivos figura incompresiblemente el de una familia jerezana que llegó a tener fecha para la exhumación de los restos de uno de sus hijos -denunció dos casos con apenas un año de diferencia en el 71 y el 72-. Finalmente, el mismo el mismo día fijado para extraer los restos, el juzgado lo pospuso alegando que faltaba un permiso de los hermanos de la madre por estar enterrados en un nicho con los padres de estos. El trámite se resolvió en cuestión de días, pero el juez terminó archivándolo “sin dar explicación”.
la circular del fiscal general
Junto con el el resto de los 13 colectivos del país constituidos en la lucha contra esta trama, la Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz se acaba de reunir con la nueva asesora del Ministerio de Justicia en esta materia, María Paz Ramírez. En el encuentro le han pedido “más apoyo” del Gobierno en su lucha por aclarar las detenciones e instar a los fiscales a que se cumpla la circular que la Fiscalía General envió en 2013 instando a que se investigaran todos los hechos bajo la premisa de que delito de detención ilegal es un delito permanente. Un criterio que, como lamenta Terraza, en el caso de esta provincia y la de Huelva brilla por su ausencia. Por esta razón, no descartan volver a echarse a la calle u otra medida de protesta como hicieron hace dos años. La vicepresidenta de este colectivo, que está recabando información para presentar nuevas denuncias, también hizo un llamamiento para las familias con fundadas sospechas para que den el paso y denuncien.
