Los tres administradores de la empresa de Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), que presuntamente se benefició del proceso para la concesión de una subvención de 244.000 euros para comprar suelo e instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez, declararon ayer ante la juez que no conocían a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, también imputada, y que sólo la vieron el día que firmaron el contrato de la escritura de compraventa de los terrenos en 2008. Exceptuando ese día, “jamás en la vida”, llegó a decir José María. L, el más explícito en su comparecencia, se reunieron previamente ni con ella, ni con los exdelegados municipales socialistas Francisco Lebrero y Carmen Martínez y el técnico municipal que también están procesados en esta causa.
En la primera sesión del juicio por el ‘caso PTA’, que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz contra Pilar Sánchez y otros seis imputados, la Fiscalía llamó a declarar a los tres gerentes de la sociedad, para quienes solicita cuatro años y medio de prisión. Estos defendieron la legalidad del proceso al que optaron para conseguir una subvención y negaron irregularidades en la concesión de la ayuda por parte de la entonces alcaldesa Pilar Sánchez.
Empezó el presidente de TISA y uno de los tres administradores Jose Manuel C.C, explicando que aunque inicialmente su proyecto de fabricación de generadores de oxígeno se planteó para Húevar de Aljarafe (Sevilla), finalmente decidieron trasladarlo a Jerez por “cuestiones económicas”, si bien la inversión prevista -que ascendía a 7,5 millones de euros- solo varió en 100 euros.
No obstante, durante toda la declaración reiteró que siempre estuvieron “aconsejados” por sus asesores, que fueron los que se ocuparon de “toda la labor documental y de gestiones”. Una figura a la que se refirió en innumerables ocasiones. Lo hizo cuando el fiscal le preguntó, como a sus dos socios, por qué hubo dos solicitudes de incorporación al PTA emitidas en 2006, las razones por las que esperaron hasta 2010 para modificar el objeto social del proyecto o si hubo una solicitud formal de subvención presentada aparte de la de incorporación. Respecto a esto último, resaltó el fiscal especialmente que en la primera de estas solicitudes, que iba sin sello de entrada y dirigida directamente a Alcaldía, el proyecto tuviera un enfoque sanitario. En la segunda, en cambio, sí se llegó a “justificar” de alguna manera que la futura planta tendría un uso agroindustrial amparándose en un estudio de mercado.
Sobre la tardanza en modificar el objeto social, uno de los empresarios, llegó a decir, subrayando que estaba “muy enojado por todo”, que “nunca ha entendido” por qué se tardó tanto en este trámite. También dejaron en manos de sus asesores, el porqué de que el mismo día en el que hubo una resolución de Presidencia para sustituir el aval bancario por un convenio privado firmaron también este último acuerdo. “Si ustedes viven en Madrid -agregó el fiscal- ¿cómo lo hicieron todo el mismo día?”, se preguntó sin ocultar lo “llamativo” de este detalle. Poco después el fiscal volvió a ser tajante: “sabían que no tenían cabida en el PTA”, dijo a los empresarios, al considerar que los trámites en este proceso se llevaron a cabo “con desprecio total a las normas administrativas” .
¿La crisis o las elecciones?
Relataron también estos tres empresarios que fueron ellos los que solicitaron la rescisión del contrato el 12 de mayo de 2011 -diez días antes de las elecciones municipales en las que Sánchez perdió la Alcaldía- por la crisis económica, al quedarse “sin vías de financiación”, y antes de enterarse de la apertura del proceso judicial, sin que en ningún momento -insistieron después-recibieran respuesta a dicha solicitud.
Los responsables de TISA también defendieron que su proyecto estaba “muy bien armado”, puesto que tenía a sus espaldas dos años de trabajo previo y “miras agroindustriales” después de comprobar que no podían vender oxígeno a los hospitales por estar prohibido, pese a que inicialmente el 91 por ciento del proyecto estaba destinado al ámbito sanitario, como resaltó el fiscal. Por su parte, en declaraciones a los periodistas, el abogado que ejerce la defensa de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, descartó que en los expedientes administrativos de la concesión de estas ayudas se aprecien “conductas delictivas”, lo que confía en que podrá demostrarse a lo largo del juicio, que se alargará hasta finales de este mes y por el que se prevé que pasen más de 30 testigos. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide para la exalcaldesa -recientemente condenada a dos años de cárcel por el caso ‘desvío de fondos-, siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Según lo previsto, hoy declararán el resto de imputados, comenzando por el técnico municipal, siguiendo por los exdelegados municipales y, por último, la exalcaldesa.
De la operación del rey Juan Carlos al ébola
José María R.G, el último de los tres socios de TISA e inspector médico, repitió hasta la saciedad que “no participé en esto” puesto que vivía en Madrid y siempre consideró “que todo era adecuado a le ley”. Así, explicó que ha sido coordinador de la campaña del ébola para el actual Gobierno del PP y dijo que la “gran desgracia” por la que pidieron resolver el contrato fue que explotara uno de sus generadores en la clínica La Milagrosa de Madrid hace 3 ó 4 años cuando el rey Juan Carlos se estaba operando.
“Sabían que en Cataluña, Cantabria o Valencia regalaban suelo?”
¿Sabían que en Cataluña, Cantabria, Valencia o Murcia regalaban suelos y daban incentivos a las empresas para que se instalaran en sus suelos y que el Ayuntamiento de Jerez está regalando suelos a los inversores desde 2013?", preguntó ayer Cosano. Las defensas cuestionaron quiénes eran realmente los perjudicados en este caso y dijeron que los empresarios no han podido recuperar el dinero que dieron al Consistorio porque “impuso” como condición que hubiera otro comprador del suelo.
