La diputada en el Congreso por Cádiz y portavoz adjunta de Sanidad, Míriam Alconchel, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación por unanimidad de los grupos parlamentarios de una propuesta para reconocer los derechos de las víctimas de la Talidomida, en el transcurso de la Comisión de Sanidad del Congreso que debatió ayer sobre el estado de la sanidad española y que estuvo marcada por la incomparecencia del Gobierno en funciones.
La iniciativa en concreto promueve la protección de las personas afectadas por la Talidomida en España a las que Alconchel ha hecho un reconocimiento y apoyo expreso por “una injusticia flagrante que sin duda debe ser reparada”, al tiempo que ha reclamado una “actuación decidida por parte del Estado” para el reconocimiento, tratamiento, e indemnización de las víctimas.
De esta forma la propuesta realizada por el PSOE insta al Estado a reabrir con urgencia el contenido del Real Decreto 1006/2010 de 5 de agosto para ampliar el “alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, en el periodo 1955-1985 y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas”.
En esta línea la socialista jerezana ha solicitado que a los efectos de su determinación se constituya una `unidad de diagnósticos de daños´ por esta sustancia en colaboración con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que “tendrá en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente”.
Del mismo modo la iniciativa recoge que se proceda a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad así como a pagar prestaciones que procedan en el plazo máximo de 2018. Facilitar tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, analizar las exenciones fiscales y tributarias percibidas por los afectados o la creación de un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de víctimas para velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa, son otras de las medidas previstas.
Alconchel ha manifestado que el objetivo no era otro que los grupos políticos de la Cámara Baja reconozcan el trabajo y la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la contribución que han hecho para mejorar el sistema de fármaco-vigilancia y evitar así que este tipo de situaciones puedan volver a repetirse.
Durante su intervención la diputada por Cádiz ha destacado igualmente que “existe una obligación directa de reparar el daño por parte de la empresa Grünenthal, que no advirtió de los efectos del medicamento, que engañó a las madres que lo tomaron y a los profesionales que lo prescribieron, y que ha generado dolor y angustia a las víctimas y a sus familias, y que para mayor pesar se ha negado a responder ante las personas afectadas en España, mientras sí lo ha hecho en otros países”.
En último término Alconchel ha lamentado la inacción del Estado español sobre este asunto durante años. “Un Estado- afirmó- que no actuó a tiempo para evitar la administración masiva del medicamento, una vez conocidos sus efectos adversos, y un Gobierno que no estableció los mecanismos para resarcir los daños, algo que sí hacían otros países a medida que iban reconociendo las consecuencias del medicamento”.
En este sentido ha recordado que no fue hasta 2009 cuando un Gobierno socialista reconoció la jubilación anticipada a las personas con anomalías congénitas secundarias de Talidomida. Así fue el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, el que reguló el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por Talidomida en España durante el periodo 1960-1965 en función del grado de discapacidad causado por la medicación.
“Si la historia de la Talidomida en España ha sido la del horror, el abandono y el agravio comparativo durante largos años, desde la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2015 la situación requiere aún más una actuación decidida del Estado Español y una postura más contundente por parte de quienes representamos a la ciudadanía”, concluyó.
