Esta sentencia viene a dar la razón a los promotores en sus reclamaciones por el método empleado por el PSOE Jimenato en lo que los ediles Andalucistas consideraron “juego político” en relación al urbanismo de Tesorillo.
Cabe recordar que tras denunciar el Partido Andalucista la posibilidad de que se estuvieran concediendo licencias de obras con informes negativos de los técnicos municipales, en el año 2.004, el PSOE decidió hacer caso omiso a esta denuncia, y permitir que las obras continuaran para precintarlas en fechas más próximas a las elecciones municipales de 2.007. De hecho, se llegó a convocar un pleno extraordinario urgente el día 22 de Mayo de 2.007, a cinco días de las elecciones, para retirar la competencia sobre licencias urbanísticas a la Entidad Local Autónoma.
Estos hechos indignaron a los Andalucistas, no tanto por las medidas adoptadas sino por lo tardío de la actuación, con el grave daño que se causó a la población. “El PSOE consiguió lo que pretendía: reunir a muchas familias para contarles lo mal que se hacen las cosas en Tesorillo, pero olvidó su responsabilidad por la clara dejación de funciones. De este modo, docenas de familias veían como de la noche al día las viviendas que esperaban ocupar en pocas semanas, cuyas hipotecas estaban ya pagando en muchos casos, eran precintadas por orden de los políticos que debían velar por sus derechos”, denunciaron.
De este modo, la parcialidad de criterios del PSOE llevó a “legalizar” algunas viviendas mediante modificaciones puntuales, mientras otras esperan a la futura modificación del PGOU, que puede tardar varios años, a ser totalmente legales. Un tercer grupo lo forman aquellas que fueron marcadas para precinto, en distinto estado de construcción, que el regidor Jimenato había seleccionado para dar ejemplo. No obstante, el expediente para anular las licencias dadas en Tesorillo y precintar los edificios se realizó íntegramente a nivel administrativo en Jimena, sin denunciar en ningún caso ante la autoridad judicial los hechos para que se pronunciaran, por lo que ahora el Juzgado Contencioso Administrativo ha comenzado a responder los recursos de las promotoras indicando que han sido vulnerados sus Derechos Constitucionales.
En opinión del PA, “una vulneración de derechos de tal calibre demuestra el talante de los gobernantes jimenatos y el rodillo socialista, que no dudan en causar el máximo daño a vecinos y empresas si pueden dar un golpe político donde crean que les interesa. Una vez más, la jugada les ha salido mal, y ahora nos arriesgamos a pagar indemnizaciones millonarias por años de paralizaciones ilegales, por lo que esperamos que se pueda llegar a algún acuerdo con las promotoras y, sobre todo, que si ha que pedir responsabilidades éstas se dirijan en primer lugar al patrimonio personal de quienes toman estas decisiones”.
Los Andalucistas recordaron su voto en contra del acuerdo ahora anulado por la justicia, que vulneró los derechos fundamentales de los implicados. “La única forma de acabar con la actitud de estos gobernantes que toman decisiones sin sentido con tan graves repercusiones es que respondan personalmente por el daño causado, y dejen de cargar a nuestros impuestos lo que en muchos casos ocasionan sus venganzas personales”, finalizaron.
