A pesar de la rotunda afirmación del ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, asegurando que apoyaba plenamente la posición adoptada por Gibraltar en la disputa sobre la designación de parte de las “aguas territoriales británicas de Gibraltar” como españolas, por parte de España y ratificada por la Comisión Europea en diciembre de 2008, el Ejecutivo del Reino Unido aún no se ha posicionado al respecto. La fecha límite para unirse al caso abierto por el Gobierno del Peñón ante el Tribunal europeo, es el próximo 15 de agosto. 

Reino Unido se encuentra ya bajo presión para unirse al recurso legal gibraltareño en Luxemburgo. El ministro principal del Peñón, Peter Caruana, ha declarado en reiteradas ocasiones que los británicos “tienen el deber” de unirse a la decisión local para anular la aceptación de la Comisión sobre esta designación de aguas.

Añadió Caruana que bajo su punto de vista era “absolutamente esencial” y subrayó que los ministros británicos habían dicho en el Parlamento que estaban “muy preocupados por esta usurpación de soberanía por parte de España”.

Defra
Por su parte, el Departamento británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) ha criticado esta semana la designación española sobre esta agua alegando que “el Reino Unido es el único Estado de la UE con derecho a proponer un Lugar de Interés Comunitario en aguas de Gibraltar”.

Defra es el Ministerio británico que estuvo representado en el encuentro del Comité de Hábitats de los estados miembros de la UE y que se negó a reconocer la propuesta de Estrecho Oriental presentada por España y en la que describía las aguas territoriales británicas de Gibraltar como parte de la responsabilidad española.
Se espera que en los próximos días el Ministerio de Asuntos Exteriores británico anuncie su postura sobre el recurso del Peñón contra la Comisión Europea por este asunto.

Con relación a esta situación, fuentes de Exteriores españolas señalaban recientemente que no tenían constancia del interés británico por unirse a este caso.

La Comisión Europea  está preparando su respuesta al recurso legal presentado por Gibraltar y aseguró que continuará instando a las autoridades relevantes en España y el Reino Unido, para que trabajen hacia una resolución mutua aceptable en este asunto.

Por otra parte, la UE ha publicado en su página web datos sobre las acciones interpuestas por el Gobierno en mayo pasado cuestionando la designación de parte de las aguas limítrofes al Peñón como españolas.

El Ejecutivo argumenta en este caso que la decisión de la Comisión en diciembre de 2008, es un incumplimiento con respecto al Tratado de la UE. Con su actuación el Gobierno pretende que se anule la decisión de la Comisión y que se le obligue a pagar las costas y otros gastos derivados del caso.

Los abogados del Peñón establecerán que la Comisión cometió errores legales en cuanto que designó aguas pertenecientes a un Estado miembro (Reino Unido) como si fueran de otro Estado (España).

Expondrán asimismo que España “ni ejerce ni puede ejercer ninguna jurisdicción ni soberanía sobre dichas aguas”.

El Gobierno español debe reclamar “lo que es suyo”
El diputado nacional del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, insiste ante el Gobierno español para que no deje de lado la designación de las aguas que rodean al Peñón en los tribunales europeos, “que son españolas según el Tratado de Utrecht de 1713 y el Ejecutivo de Gibraltar reclama como propias”.  

Landaluce pide a la administración española que tenga “cautela judicial” y esté atenta a  los plazos “para reclamar lo que es suyo no vaya a ser que por acción u omisión perdamos la soberanía de esas aguas”. Afirma que el Gobierno debe estar muy atento a los movimientos de Reino Unido “para comprobar si finalmente apoya el recurso de Gibraltar” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes del 15 de agosto.

“El Gobierno no debe perder de vista las maniobras judiciales dentro de los plazos marcados para ratificar la titularidad de las aguas españolas al no ser que el Ejecutivo tenga especial interés de favorecer las relaciones con Gibraltar cediendo en este asunto”, critica Landaluce.

Por todo ello, el diputado nacional pide al Gobierno español “vigilancia y celeridad para clarificar de una vez por todas la titularidad española de esas aguas” inscritas por España en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en diciembre de 2008 y conocidas como Estrecho Oriental.

De todas formas, Landaluce advierte de que la “única solución” posible al conflicto por estas aguas es “la ratificación por parte de la Comunidad Europea de que son españolas”.