Ha puesto en jaque a las arcas de los ayuntamientos después de ganar en el Tribunal Constitucional  un caso que estableció como jurisprudencia que nadie deberá pagar la plusvalía municipal cuando la venta de una vivienda le haya generado pérdidas. Su nombre es José Cepero, un abogado especializado en derecho tributario, administrativo y mercantil, sevillano de nacimiento aunque residente en Jerez desde hace más de dos décadas. 

El Constitucional dictaminó que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo. Es decir, no había diferencia entre si había pérdidas o beneficios en la transacción.

A partir de dicha sentencia, tiene el orgullo de haber  sentado un precedente que está beneficiando a miles de ciudadanos que están solicitando la devolución del dinero que se le ha cobrado por este impuesto.  Asegura que su mayor satisfacción es saber que ha hecho mucho bien no sólo al cliente que defendió sino a muchas personas anónimas.

Y es que la crisis económica que se inició en 2018 hizo que fuesen muchos los que se vieron obligados a vender por un valor menor, con las consiguientes pérdidas.

La batalla contra la administración comenzó cuando representó a un empresario  que se vio obligado a entregar una promoción inmobiliaria ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas. No logró vender toda la promoción y tuvo que entregarla al banco por un valor inferior al que le costó construir las viviendas, pero el Ayuntamiento de Jerez le pretendía cobrar la plusvalía.

La innovación que aportó fue la declaración de inconstitucional de la ley. Hasta entonces había sentencias de juzgados que daban la razón al contribuyente según el sitio en el que se litigaba y había una jurisprudencia muy oscilante. “Lo que nos planteamos fue ir directamente contra la ley porque entendimos que era injusta en el caso concreto de las pérdidas. Un impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana desde el momento en que siempre se calculaba en función del valor catastral del inmueble que se transmitía, nunca bajaba de valor y la gente estaba siendo embargada. Ante esta injusticia planteamos la nulidad ante el Constitucional y conseguimos lo que nadie antes había conseguido y por eso se califica tanto como hito jurídico”, narra. 

“Lo que nos despertó la conciencia de ser osados fueron los testimonios de los afectados. Fue una osadía por justicia social, por humanidad. Detrás de cada caso hay un drama, hay embargos. Nos han llegado al despachos personas a las que le embargaron la casa y por no pagar la plusvalía le embargaron la pensión. Auténticas barbaridades”, dice.

Para Cepero la plusvalía es un impuesto injusto haya o no ganancia y argumenta que no tiene sentido que una persona venda una vivienda y sobre la ganancia tenga que pagar en el concepto de impuesto sobre la renta y además la plusvalía al ayuntamiento, cuando es lo mismo.

La sentencia va a  obligar  al Estado a modificar la Ley y tiene en vilo a los Ayuntamientos, que se están encontrando con una cascada de reclamaciones. Saben que no pueden cobrar donde no haya un incremento de valor.

¿Qué están haciendo los ayuntamientos ? Asegura que las respuestas municipales son dispares.  “Hay ayuntamientos que están cobrando plusvalía, y hay otros que están devolviendo la plusvalía, algo inaudito, pero la mayoría están dejando de emitir las liquidaciones porque están esperando que salga la nueva ley, que atacaremos porque creemos que han dividido la injusticia en varias injusticias pequeñas, pero sigue siendo injusta”, declara .

Dice que alrededor del impuesto de plusvalía hay mucha política, ya que de lo se está hablando de la financiación de la administraciones públicas, donde las locales piden a las comunidades autónoma y éstas al Estado.

“Yo califico el sistema como un Matrix. Nos han colocado a los ciudadanos en un auténtico Matrix tributario. Nos están vendiendo una carga tributaria y no sabemos cuánto pagamos al final. Si nos ponemos a sumar  renta, IBI, plusvalía, impuesto de matriculación, de circulación, de electricidad, de vado ¿cuánto pagamos al final y por qué me lo dividen en tanto nombres y para tantas administraciones? Al final es un tema político porque hay que mantener las estructuras”, asegura Cepero.

La plusvalía no es el único asunto en el que está trabajando.  “En el tema del IBI también tenemos una importante cruzada. Hay una práctica que se ha hecho una costumbre en muchos ayuntamientos y es que cuando publica un PGOU dicen que todo este cinturón va a ser la expansión y se califica como suelo urbano. Por lo que estamos reclamando la imposibilidad de que el Ayuntamiento cobre el IBI urbano a todo esos terrenos y estamos ganando miles y miles de metros que son calificados como urbano cuando siguen siendo rústicos, porque se sigue cultivando, no tienen una farola ni los más mínimos servicios, pero se cobran como urbano. Estamos consiguiendo que se vuelvan a cobrar como rústicos y que se les devuelva como mínimo los IBIs de los últimos cuatro años con intereses”.

Y no es este el único caso de reclamación contra el cobro del Impuesto de Bienes Urbanos que hay en marcha. “Hay muchos desarrollos urbanísticos como parques empresariales o urbanizaciones privadas a los que se les está cobrando por parte del ayuntamiento un IBI cuando son los propietarios los que sostienen todos los servicios, como alcantarillado, seguridad, luz, mantenimiento de calles. Hay toda una imposición de tributos que es totalmente injusta”, resalta el abogado.

El impuesto de sucesiones en Andalucía es la otra gran pelea contra la administración. Por su parte está presente en la defensa jurídica de la plataforma ciudadana creada en la comunidad autónoma. “Por lo menos hemos conseguido despertar el sentimiento político y ahí está las bonificaciones que se han aprobado en Andalucía, pero aún queda mucho por hacer. Lo que han puesto es un parche, porque se han dejado fuera situaciones sangrantes e injustas en comparación de otras comunidades autónomas”, responde.