Garnica aseguró que numerosos comerciantes “se han quejado que vaya un policía local a su puesto mandándoles a callar y apercibiéndoles por infracción de una ordenanza municipal que ni los más antiguos del lugar recuerdan, sobre todo las mujeres de este colectivo tan castigado en los últimos tiempos por la gestión municipal de nuestros responsables municipales, que en vez de apoyar definitivamente a este sector, se dedica continuamente a ponerles zancadillas, como en este caso el de castigar una táctica de venta que no perjudica a nadie y que los propios usuarios consideramos necesario para enterarnos mejor de los precios y productos de cada puesto”.
Según el PSAL, “así lo manifiesta la mayoría de personas habituales de esta plaza de abastos que en ninguna de las maneras se sienten perjudicado, ni mucho menos obligados o coaccionados, por estas voces que lo único que intentan es que el público en general se acerque a su puesto”.
Por tanto, desde el PSAL “realizamos el enésimo llamamiento a nuestras autoridades locales a que se dediquen a realizar su gestión municipal acorde por defender los intereses de este sufrido colectivo y que no se dediquen a perseguir continuamente a estas personas, ahora prohibiéndoles subir la voz, lo que no se había hecho nunca ni siquiera con regímenes dictatoriales, y que vuelva la cordura”.
