Watson aseguró ayer, con relación a la declaración de diciembre de 2008 por parte de la Comisión de designar Lugar de Interés Comunitario (LIC) para España una zona de aguas alrededor del Peñón, que este movimiento del Gobierno español es visto como “un intento de arrebatar el control sobre las aguas de Gibraltar”.
“Esta decisión no tiene sentido”, subrayó Watson, añadiendo que el área en cuestión es parte de las aguas territoriales británicas y que “todo apunta a otro intento de presionar al Gobierno del Peñón”.
Con relación a la conservación del lugar, el parlamentario británico por Gibraltar aseguró que es incierto cómo se van a poner en práctica las medidas y sobre qué áreas. “Es completamente inaceptable que el Gobierno español actúe de esta forma solapada”, comentó.
La Comisión respondió a Watson resaltando que el Ejecutivo británico no había puesto objeciones a la designación española durante el proceso. El parlamentario asegura que ha escrito al Ministerio británico de Asuntos Exteriores en tres ocasiones buscando una explicación y no ha recibido respuesta.
Watson destaca que el Gobierno británico “se ha dormido en los laureles en este asunto. Han abandonado a Gibraltar por pura holgazanería creando con ello otro conflicto legal”.
Partido Popular
Por su parte el diputado nacional del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, solicitó ayer al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el que, aprovechando la próxima presidencia de España, el próximo semestre, de la Unión Europea, “priorice entre los asuntos a gestionar durante este período el litigio sobre la soberanía de Gibraltar y las aguas que rodean la colonia británica”.
Landaluce aseguró que, tras conocerse que la Unión Europea “se ha lavado las manos” a la hora de posicionarse respecto a las respectivas declaraciones de Lugares de Importancia Comunitaria en relación a las aguas en litigio, “de lo que no cabe duda es que, ante esta falta de posicionamiento siguen siendo los tratados internacionales (Utrecht y Naciones Unidas) los que avalan la postura que viene defendiendo el Partido Popular: que Gibraltar no posee aguas jurisdiccionales”.
Aún así, añade el PP, “también seguiría teniendo vigencia la última declaración de LIC que favorece los intereses de España, una declaración que superpone la zona bajo responsabilidad de nuestro país a la solicitada por el Peñón”. De cualquier modo, Landaluce asegura que “el Gobierno español está obligado a seguir presionando para que, por una parte, se cumplan los citados acuerdos internacionales, y, por otra, la comunidad internacional asuma que España ni puede ni va a renunciar a lo que le pertenece”.
En cuanto al posicionamiento que se ha conocido, Landaluce aseguró que el comisario de Medio Ambiente de la UE, Stavros Dimas, “ha demostrado no ser un árbitro ecuánime”, y España, durante su mandato, “deberá exigir un posicionamiento firme y contundente que acabe, de una vez por todas, con este litigio que, para el Partido Popular, está fuera de lugar puesto que sólo Gibraltar y Reino Unido cuestionan a quién pertenecen estas aguas”.
Recordó Landaluce que ya en su día, en noviembre del pasado año, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, mantuvo una reunión con Dimas en la que el comisario europeo anunció su compromiso para acabar con las prácticas ilegales de bunkering en la Bahía de Algeciras y Estrecho de Gibraltar.
Una premisa, concluyó Landaluce, “que no se ha cumplido y que sigue causando problemas, como el reciente vertido que llegó a las playas de La Línea de la Concepción por esta práctica ilícita de trasvase y almacenamiento de combustible en la mar”.
Oposición
Por su parte la oposición gibraltareña condena el hecho de que la Guardia Civil española continúe operando en las aguas de Gibraltar como si les pertenecieran a España. Socialistas y liberales responden así al incidente protagonizado la pasada semana cerca de Europa Point cuando a los agentes españoles se les ordenó por parte de la Royal Gibraltar Police y la Royal Navy, que abandonaran la zona.
“Este último incidente confirma que España ha avanzado en su postura, de reclamar que nuestras aguas eran españolas a adoptar una postura más agresiva en la que continúan actuando y comportándose como su las aguas les pertenecieran”, señaló la coalición en oposición, recordando incidentes anteriores como la incursión de la corbeta Tarifa y recientes informes sobre pasadas de un avión de la agencia medioambiental española.
Para socialistas y liberales, en el contexto de “este continuado daño por parte de España y los retos constantes hacia nuestras aguas y espacio aéreo, la solicitud del diputado del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, a Madrid para que tome acción contra Gibraltar, sólo sirve para añadir insultos al daño”.
La oposición, en respuesta a los comentarios del PP que describió la expulsión de la patrullera de la Guardia Civil como un acto de provocación que España no podía tolerar por más tiempo, considera que “el único acto de provocación que existe es la continuada presencia de las autoridades españolas dentro de las aguas de Gibraltar, donde no tienen jurisdicción”. Concluyen socialistas y liberales asegurando que las autoridades pertinentes de Gibraltar “deben garantizar que la soberanía e integridad de las aguas territoriales británicas del Peñón son defendidas en todo momento en vista de la agresiva campaña en la que España se ha embarcado en los últimos meses”.
