Jerez

La Comisión de Patrimonio de Algeciras elude los casos polémicos

Sánchez Rull reta a la asociación La Trocha a ?recurrir a los juzgados?

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  • No incluye la Casa Millán, la Suite de las Cortinas, el Octavio y la estación de autobuses
Ya se conoce el orden del día de la Comisión Municipal para la Conservación del Patrimonio Histórico Local que se reunirá mañana viernes 30,  a las 13.00 horas, cumpliéndose así un compromiso adquirido por el alcalde, Tomás Herrera, con el director de EL FARO, Jesús Cabaleiro, en el transcurso de un programa de Onda Algeciras Televisión en el que intervinieron los responsables de los medios de comunicación locales, que entrevistaron a Herrera.

Durante la sesión se abordará la solicitud presentada por el director del hotel Reina Cristina de declaración de Bien de Interés Cultural al citado edificio; el proyecto de obra nueva para la reconstrucción del edificio situado en la Calle Cristóbal Colón, esquina con General Castaños donde se ubicaba la antigua fábrica de fideos y chocolate; la solicitud de intervención arquitectónica en el edificio catalogado situado en la calle Ventura Morón, 9; un informe sobre el estado de las obras del tramo de acueducto de la avenida Aguamarina y el informe sobre las obras de conservación efectuadas en el edificio catalogado en avenida Villanueva 1, esquina a calle Emilio Burgos. Sin embargo, la Comisión de Patrimonio no incluye numerosos temas que han estado en el debate en los últimos tiempos, como la Casa Millán, la escuela de Artes y Oficios, el edificio de la Suite de las Cortinas o la iglesia de La Palma, entre otros.

Por otra parte, será abordada la petición del hotel Reina Cristina, para que sea declarado Bien de Interés Cultura y no aparece para nada la petición de la Junta de Andalucía de reconocimiento arquitectónico, para incluir en el catálogo el hotel Octavio y el edificio de la estación de autobuses.

También hay que recordar que están reconocidos, dentro del catálogo, como urbano, los jardines del hotel Reina Cristina y también el edificio como de interés arquitectónico, grado 3, es decir, por debajo de otros de grado 2 (como los restos del acueducto de Aguamarina, que tiene una mayor protección de grado 2, que también va a la Comisión de Patrimonio). Tampoco tiene la consideración de grado 2 los Bienes de Interés Cultura, que tiene que nombrar la Junta de Andalucía y no el Ayuntamiento.

Preguntas de La Trocha
Por su parte, la asociación en defensa del patrimonio La Trocha llevará a la comisión una batería de preguntas en relación con “la Policía Urbanística”,  en el sentido de “por qué no se actúa de acuerdo con la normativa en determinados casos”; el edificio de la Plaza Alta, en el que se han instalado los carteles de una peluquería y la cruz de la farmacia, a pesar de estar catalogado”; la actualización del catálogo para incluir en el mismo los edificios del hotel Octavio y la estación de autobuses;  la remodelación del barrio de San Isidro, la situación del edificio de La Suite de las Cortinas y la Casa Millán.

Por último, La Trocha preguntará por qué en las obras de la calle Regino Martínez “no hay un arqueólogo” ya que esa zona “es sensible al plan arqueológico municipal”.

Respuesta de Sánchez Rull
Por otra parte, el concejal delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, salió al paso ayer de las declaraciones realizadas por la asociación en defensa del patrimonio La Trocha, en las que el colectivo señalaba la posibilidad de que el delegado municipal pudiese estar dando “un trato de favor” a determinadas empresas en el desarrollo de actuaciones en la ciudad, hecho que si el gabinete jurídico de la asociación lo constata, llevaría el caso a los tribunales. Al respecto, Sánchez Rull reta La Trocha a “ir al juzgado”.

El edil incidió en que “son los técnicos los que configuran los expedientes de obra” y dijo tener constancia de que “en cada caso se ha hecho el proyecto en base a las normas urbanísticas establecidos” ya que cada actuación “tiene su protocolo”. 

Cabe recordar que, como adelantó ayer este diario, La Trocha señalaba la posibilidad de que existiera “un presunto delito de prevaricación” en la adjudicación de ciertas obras, que no tienen cata arqueológica previa en zonas sensibles”.

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