El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado citar a declarar a Carlos Fabra y a otros dos investigados en la causa que sigue ese juzgado por delitos societarios en relación con la compra de unos terrenos de la sociedad Golf del Mediterráneo SA por parte de la mercantil Golf Borriol SL, causa que fue reabierta en noviembre de 2020.
El juzgado ya acordó hace tiempo tomar nueva declaración a los investigados -entre ellos el que fuera presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra- pero estos recurrieron dichas citaciones ante la Audiencia Provincial, que confirmó la decisión del juzgado.
Así lo han explicado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que han señalado que todavía no se conoce la fecha de la declaración.
Fueron dos socios de la empresa Golf del Mediterráneo SA los que denunciaron en 2016 presuntas irregularidades cometidas por otros nueve socios de la empresa, entre ellos Carlos Fabra, y se abrieron entonces las diligencias previas de investigación por un presunto delito societario.
Se investigaba un acuerdo de compraventa alcanzado por la empresa con Golf Borriol SL, vinculada a la familia del jugador de golf Sergio García, el cual, según la denuncia, se habría cerrado por un precio muy inferior al valor real.
En 2017 el juzgado acordó el archivo provisional de esta investigación y la Audiencia Provincial confirmó este archivo. Sin embargo, posteriormente, al incorporarse nuevas pruebas la Fiscalía solicitó la reapertura de la causa y se atendió esta petición, por lo que sigue activa.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en una sentencia de 2013 que un año más tarde fue confirmada por el Tribunal Supremo, a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
El exmandatario del PP de Castellón permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014, por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.
