La reforma para flexibilizar la Política Agraria Común (PAC), el logro más visible por ahora de las protestas, rebaja la presión administrativa y ambiental sobre los productores, pero llega tarde para la campaña de 2024, su efecto en el mapa de cultivos español está por ver y será más claro en 2025.
Los cambios de la PAC aprobados por la Unión Europea (UE) tras las masivas tractoradas de sus agricultores simbolizan para ellos una victoria política porque responden a reivindicaciones que hace meses parecían imposibles, pero de momento afectan más a la carga burocrática que a la decisión de siembra, según fuentes del sector.
España es el tercer receptor de la PAC, con 650.000 beneficiarios y 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas.
La influencia de sus modificaciones en la siembra se verá en explotaciones puntuales como aquellas de maíz, dedicadas al monocultivo, o en frutales en pendiente, pero según han explicado a Efe fuentes de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, el mapa global agrario español no va a variar.
Por otro lado, la relajación de los requisitos se ve desde otros ámbitos ambientalistas e incluso agronómicos como un error, ante el cambio climático, y expertos en este terreno concluyen que las administraciones no han sabido explicar bien su importancia.
¿Cuáles son las nuevas condiciones?
Los cambios afectan a algunas de las prácticas ambientales que se deben cumplir para recibir ayudas de la PAC y eximen a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de controles y de sanciones ligadas a esas condiciones.
Suavizan así la PAC que entró en vigor en 2023, considerada la más ambiciosa en materia medioambiental, pero aunque incluyó novedades notables, la condición ambiental de las ayudas era anterior.
Por ejemplo, la nueva PAC incluye los ecorregímenes o ecoesquemas, que abarcan una quinta parte del presupuesto para el campo español, y que priman prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Pero distintas son las obligaciones de buenas condiciones agrícolas y ambientales (BCAM) -exigidas para que no se reduzcan las ayudas-, ejemplo de una terminología farragosa sobre la que administraciones han sido poco didácticas, en opinión de la ingeniera agrónoma Raquel Ramos, de la empresa Tecoagro de Ciudad Real.
Dentro de las nueve BCAM o "condicionalidades", se introducen exenciones en la cobertura mínima de suelo en los periodos más sensibles; en la rotación de cultivos los países podrán usar más alternativas, con especial trato a las áreas afectadas por la sequía o inundaciones.
Además, los agricultores solo estarán obligados a mantener elementos no productivos como setos o árboles.
¿Cambiarán las decisiones esta campaña? ¿Y en 2025?
La respuesta tajante de agrónomos y organizaciones agrarias es que los cambios llegan tarde para este año, aunque haya algunos casos en que algunas explotaciones de cereal "hayan decidido jugársela", pero en general las decisiones de 2024 están tomadas.
La flexibilidad tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, pero ahora hace falta que se plasme en las normativas nacionales y la Comisión Europea ya está publicando reglamentos parciales, como el que recientemente afectaba a las condiciones sobre pastos.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé que el Diario de la UE publique la nueva normativa a mediados de mayo; después vendrá la aprobación de los reales decretos correspondientes.
Sí que de cara al próximo otoño podría influir en las planificaciones para 2025.
Uno de los ejemplos es la zona de León dedicada al monocultivo de maíz, en la que las facilidades para la rotación aliviarán la vida a los productores.
Las pautas sobre cubierta vegetal puede influir también en el cultivo de leñosos (olivar y frutales) en pendiente, según Ramos.
Al respecto, la ingeniera agrónoma alerta de la incertidumbre sobre el efecto que una flexibilidad en las normas sobre los suelos puede tener en la lucha contra la erosión.
La remolacha es un cultivo en expansión y se benefició de los ecorregímenes pero las empresas Acor y AB Azucarera insisten en que se debe más al buen precio del azúcar que a la PAC.
¿Qué dudas prácticas plantean los cambios?
El coordinador técnico de Cooperativas Agroalimentarias, Alejandro Gutiérrez, explica que los asesores agrícolas trabajan con "un equilibrio muy delicado" a la espera de que las decisiones de la UE se materialicen en normativa española.
Los cambios "reducen el pistón" de las obligaciones, ayudarán a algunos agricultores, pero hubieran sido más útiles hace meses, según Gutiérrez.
