La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha desmentido de forma rotunda que desde la Mina de Aznalcóllar se estén vertiendo agua a la cuenca del Guadiamar, tal y como afirma la organización Ecologistas en Acción, apuntando que las aguas de escorrentía de la zona minera se vierten a la corta de forma íntegra desde 2014 y considera "inadmisible" las insinuaciones realizadas por esta entidad, reservándose emprender acciones legales por estas declaraciones.
Así lo ha manifestado en un comunicado el organismo de cuenca, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que especifica que la planta de tratamiento de las aguas de esta zona minera está inactiva desde marzo de 2014, por lo que desde esa fecha no se realizan vertidos al río Guadiamar, y las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones se envían de forma íntegra a la corta de Aznalcóllar, "sin conexión con el dominio público hidráulico y cuyo control depende de la Junta de Andalucía y de la propia empresa minera desde que se hizo cargo de la gestión de la misma".
La mina no tiene actualmente actividad industrial, más allá de la que marca la concesión otorgada por la Administración autonómica de gestión de los pasivos mineros que se generaron tras la rotura de la balsa en 1995 y que, tras la limpieza del río Guadiamar, se alojaron en la corta de Aznalcóllar, aclara la entidad. Así, la gestión de estos pasivos ambientales es competencia de la empresa minera con supervisión de la Junta de Andalucía, aunque desde la CHG se realiza un seguimiento de la misma en aplicación del principio de precaución y para que no sea afectado, en ningún momento, el dominio público hidráulico, aclaran.
"Cabe destacar que, en sus labores periódicas y rigurosas de vigilancia e inspección, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha detectado ningún vertido al río Guadiamar procedente de la zona minera de Aznalcóllar", insisten.
La CHG ha querido subrayar que son "totalmente inexactas" las declaraciones del portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, sobre la existencia de vertidos al dominio público hidráulico "sin control y con el conocimiento de este organismo de cuenca, puesto que no se realiza ningún tipo de vertidos desde que en marzo de 2014 deja de funcionar la depuradora encargada del tratamiento de las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar".
La Confederación considera "inadmisible" las insinuaciones de "dejación de funciones o presunta prevaricación ante unos hechos tan graves" como son los supuestos vertidos mineros, y "se reserva la facultad de iniciar acciones legales sobre estas afirmaciones, que ponen en duda la profesionalidad, el compromiso y la honestidad de las trabajadoras y trabajadores públicos de la Confederación y, en concreto, de su Comisaría de Aguas", advierten.
Para la CHG, las manifestaciones de esta entidad son "inexactas, tendenciosas y alarmistas", y recuerda que son un órgano sectorial en cuanto a los procedimientos concesionales de la actividad minera por obligación legal, al tener que controlar la gestión del agua en el dominio público hidráulico como parte de sus funciones, por lo que "exige que se respete al máximo el trabajo" del organismo.
También ha querido dejar claro que los vertidos del futuro proyecto de explotación de la mina "se realizarán en dominio público marítimo terrestre, por lo que su control dependerá de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, que fue también quien declaró la actividad minera como de Interés Público Superior y es responsable del otorgamiento de la licencia para ejercerla y de la tramitación ambiental", concluye.
