Los nuevos documentos del sumario del caso Acinipo que se conocieron este miércoles dejan entrever una nueva línea para la investigación policial a partir de sendas denuncias llevadas ante la Fiscalía por Rafael Ruiz, ex concejal de Izquierda Unida, así como por la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en torno a la devolución de uno de los avales de Arenal 2000, valorado en casi 900.000 euros, a través de un decreto de Alcaldía, pese a existir informes técnicos desfavorables, reza en las denuncias que aparecen en el sumario.
Ruiz presentó dicha denuncia el 17 de enero pasado, ocho meses después de dimitir como concejal. Fernández también puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía a los quince días, el 4 de febrero de este año.
Tales demandas llevaron a la jueza instructora a pedir a través de un auto emitido el 7 de mayo la apertura de diligencias previas acumuladas a la causa general. En todo el sumario no aparece ninguna investigación posterior, lo que deja entrever la continuación de las investigaciones.
El ex alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, ha explicado a RONDA SEMANAL que, aunque ciertamente decretó la devolución de uno de los avales de Arenal, en octubre de 2008, cuando ocurrieron los hechos, la empresa ofreció una garantía en forma de 10 viviendas situadas en la manzana 11 de la promoción urbanística.
Marín ha precisado que de los 2,8 millones de avales retenidos a la promotora cordobesa, se liberaron 800.000 euros, superando “con creces” el valor de las viviendas en garantía dicha cantidad. El ex alcalde defiende que los técnicos le comunicaron que los 2 millones aún en poder del Ayuntamiento “eran más que suficientes” para acometer los trabajos de urbanización pendientes. Con todo, asegura haber entendido “que era necesario ese aval en forma de viviendas” que se gestó durante una comparecencia del mismísimo Rafael Gómez ante la Alcaldía.
