La decisión de Ikea de renunciar a instalar su segunda tienda en terrenos de San Nicolás Oeste al cabo de ocho años desde que se empezó a hablar de su proyecto y la inmediata reacción del portavoz de los promotores del complejo comercial Sevilla Park expresando su intranquilidad por acabar de la misma forma que la multinacional sueca, al haber transcurrido casi un trienio desde al lanzamiento de su iniciativa y sin tener avances significativos, ha provocado autocríticas en la ciudad.
Así, el portavoz de C’s, Javier Millán, ha dicho que la pérdida de Ikea, que ha cifrado en 360 millones de inversión y en 7.000 empleos, es “un ejemplo muy llamativo, detrás del que existen otras muchas empresas que se pierden por el camino. Ikea -añadió- ha tirado la toalla por los mismos problemas que tiene todo el que viene a montar un negocio en Sevilla: la maraña normativa y los plazos interminables de la Administración”.
Independientemente de los casi 3.000 expedientes pendientes de resolución entre Urbanismo y Medio Ambiente, también hay que tener en cuenta, o más aún si cabe, la creación de falsas expectativas a la hora de prometer supuestas inversiones multimillonarias y de generar hipotéticos miles de empleos como forma de presión al gobierno municipal, para tratar así de condicionar, subvertir o acelerar los procedimientos urbanísticos, que están reglados en un Estado de Derecho y no pueden ser obviados, saltados o alterados por capricho de los empresarios.
Diez años y nada
Ikea eligió para su segunda tienda una bolsa de suelo en San Nicolás Oeste, cercana al aeropuerto, terrenos rústicos hasta su inclusión en el PGOU del año 2006. Desde entonces han pasado nada menos que 10 años y allí no se han abierto muchas zanjas que digamos para acometer las infraestructuras (redes de luz, agua, gas, comunicaciones, alcantarillado…) necesarias para que se pudiera instalar Ikea o cualquier otro negocio.
En marzo de 2015, nueve años después de aprobado el PGOU, dos representantes de la Junta de Compensación dijeron que los propietarios de los suelos preveían unas inversiones directas de 60 millones de euros, a las que habría que sumar las que aportaría Ikea para sus obras. Reconocieron que todavía estaba pendiente el desarrollo del suelo y su urbanización y que confiaban en concluir esa labor “en unos tres años” (para 2018), mientras que Ikea tardaría unos dos años en la suya, por lo que su estrategia consistía en que ambas actuaciones se simultanearan, ya que en caso contrario se tardaría cinco años (2020). Eso fue en 2015, pero el panorama ha seguido igual en 2016: allí no se han hecho inversiones en infraestructuras que invitaran a los suecos a quedarse en vez de a irse.
A la falta de urbanización hay que añadir que como se trataba originalmente de suelos rústicos, bendecidos luego por el lápiz del Ayuntamiento al incluirlos en el PGOU, estaban cruzados por la vía pecuaria Cañada Real del Poco Aceite, clasificada como tal desde 1947 (anchura mínima de 37,5 metros), por lo que era condición “sine qua non” deslindarla, desafectarla y modificar parcialmente su trazado para que no se construyera encima la tienda de Ikea.
La propuesta de deslinde no fue aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo hasta el 20 de noviembre de 2013, dos años después de que Zoido dijera aquello de que él iba a arreglar el tema de Ikea en dos meses. Y la Junta no aprobó la desafectación de la cañada hasta febrero de 2015.
A la carta
Pero en el interín se había librado un pulso de años entre Ikea y Urbanismo. Los suecos exigían como condición para construir su segunda tienda que les hicieran una recalificación urbanística a la carta de unos 149.000 m2 más de techo, con lo que se habría superado en más de 41.000 m2 el límite fijado en el PGOU y la norma según la cual en una zona calificada como centro empresarial no se podían construir comercios que superaran el 49% del total de la edificabilidad. Dicho lisa y llanamente, Ikea pretendía retorcer el PGOU para revender el exceso de edificabilidad a otras firmas comerciales que se instalaran alrededor de su tienda y así amortizar el coste de la suya.
Este intento de pelotazo urbanístico, inconfesable públicamente, fue el que retrasó la aprobación inicial del Plan Parcial hasta el mes de octubre de 2011, con lo cual cabe imputarle directamente a Ikea una demora de tres años en la tramitación urbanística, con toda la cola posterior de aprobaciones (provisional y definitiva) e informes sectoriales.
Y, para colmo, la red viaria existente era insuficiente para canalizar los 126.077 desplazamientos semanales calculados para la tienda, por lo que era vital la construcción de la ronda intermedia SE-35, que los urbanistas de Monteseirín habían proyectado ¡por medio de una zona verde!, el parque del Tamarguillo, habilitado con fondos de la UE, la cual declaró ilegal tal despropósito. Una circunstancia que los civilizados y ecologistas responsables suecos, obnubilados por la idea de dar su particular pelotazo urbanístico, tampoco tuvieron en cuenta a la hora de elegir los terrenos de San Nicolás Oeste.
Fondo de saco
Y ahora veamos Sevilla Park. ¿Quiénes si no los promotores del por entonces anunciado como el mayor centro comercial de Andalucía, camuflado detrás del señuelo de un auditorio para grandes conciertos de rock y pop y de otra noria, son responsables de haber elegido para su ubicación un fondo de saco portuario, terrenos calificados como industriales, sitos entre el río y los depósitos de carburante de CLH, cruzados por la vía férrea del puerto y con el saturado puente de las Delicias como casi exclusivo acceso?
Los promotores filtraron en abril de 2014, de la forma más conveniente a sus intereses y a los de la Autoridad Portuaria (ésta, mucho hablar de industria en Sevilla, pero a la primera oportunidad intenta dar su particular pelotazo recalificando suelo industrial en comercial con la aquiescencia del Ayuntamiento), el proyecto y anunciaron hasta la fecha de inauguración: el 11 de septiembre (aniversario, por cierto, del atentado terrorista contra las torres gemelas; vaya ojo clínico) de 2015, tras una inversión de 180 millones de euros. Eso fue hace dos años y medio. Ahora ya hablan de 800 millones (¿?), para meter aún más presión al Ayuntamiento.
No tuvieron en cuenta que la elección de esos suelos industriales del puerto obligaría a modificar (o incluso redactar uno nuevo) el Plan Especial, por más que la Autoridad Portuaria, con la misma obnubilación que los suecos en San Nicolás, haya sostenido siempre lo contrario. Eso, además del PGOU, con lo cual han perdido el tiempo que daban por ganado. Por ello Espadas anuncia que la tramitación urbanística necesaria arrancará en enero de 2017, es decir que el contador está todavía a cero tres años después, pero, claro, la culpa de los problemas y de los retrasos, traducidos en amenaza velada de irse con la inversión a otra parte no se la van a echar los promotores a sí mismos ni a su casero, la Autoridad Portuaria, sino a los gobiernos de la ciudad y especialmente al Servicio de Planeamiento, que han cumplido con su deber de velar por la legalidad.
Los depósitos
Lo más complejo y engorroso va a ser el traslado aguas abajo de los depósitos de CLH, que va a ser otra de las grandes beneficiarias de la operación. Cuando se pacte el traslado de los depósitos y el pago del mismo, probablemente habrá que descontaminar esos suelos, lo cual tampoco será rápido ni económico.
Durante este proceso debe tramitarse la revisión (o modificación) del Plan Especial del puerto con todos sus requisitos, entre los que habrá que considerar los ecológicos y toda la ristra de informes sectoriales, con cuidado de lo que diga Carreteras sobre ese fondo de saco y su accesibilidad.
Sólo después de aprobada definitivamente la modificación del Plan Especial del puerto podrá tramitarse el proyecto de urbanización de Sevilla Park (con una importante incidencia en el Plan de Movilidad) y el Proyecto de Edificación.
Esto nos lleva al horizonte del año 2020, un lustro después de la filtración del proyecto por los promotores, que cuando se dan de bruces con la auténtica realidad amenazan con tomar las de Villadiego.
