Undargarín

La nueva vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no ha querido comentar la sentencia sobre Iñaki Undargarín. La prudencia de un poder del Estado -el Ejecutivo- de no adentrarse en comentarios inconvenientes sobre la actuación de otro poder –el Judicial- sinceramente debe ser bienvenida. Venimos de una gestión del ministro Catalá en la que se le ha visto y oído el cabildeo en los congresos populares, en los pasillos del Congreso o del Senado o donde le cogiera opinar sobre actuaciones judiciales o sobre la personalidad de los jueces que dictaban una sentencia. Ese proceder lo podría  tener cualquier ciudadano, menos el ministro de Justicia Las sentencias judiciales –como todo acto humano- son  opinables y criticables. Los jueces no hablan “ex cátedra”, ni son infalibles, aunque son merecedores del respeto debido a los funcionarios que actúan de buena fe al servicio de la comunidad. Tienen los jueces el valor añadido de que son titulares, de manera  individual –cada juez o magistrado-,  de ese poder del Estado que les permite actuar sobre las personas, su hacienda y su libertad. Pedro Horrach, el fiscal del caso Nòos ha manifestado que  "La satisfacción no es plena", porque él  llegó a pedir 21 años de cárcel para el exduque de Palma. El Tribunal Supremo confirma la condena a Iñaki Urdagarín pero rebaja la sentencia en cinco meses. La condena es de cinco años y diez meses de prisión por prevalerse de su antigua condición de “Alteza Real” –según él mismo comunicaba como relaciones públicas- para su aprovechamiento personal y familiar. Un juez comprometido, y que ha ahuyentado, con su probidad, presiones sin cuento, José Castro,  ha manifestado que "con el Código Penal en la mano no hay otra solución que decretar el ingreso en prisión de este señor".   El magistrado ha recordado que una sentencia se dicta para ser ejecutada y que según el Código Penal no tiene cabida otro escenario. Los hechos probados no han permitido –dice- muchas filigranas al Tribunal Supremo. La sentencia no se sabe si ejemplifica que “todos son iguales ante la ley”, pero significa  que un  ex miembro de lo que era la Familia Real, antes de su reforma restrictiva, sea condenado, y la exduquesa de Palma,  Infanta Cristina,  también.  El Estado y sus instituciones salen reforzados de un envite en el que una parte muy importante de la opinión pública mantenía sus dudas.