En el día de ayer pude leer una noticia, otra más, relativa a los delitos sexuales y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó seis meses la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a un abuelo que violó a sus dos propias nietas, ambas menores de edad, basándose en la aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 10/2022, tan conocida ya como ley del “sólo sí es sí”.
Según datos que han sido aportados por el propio Consejo General del Poder Judicial, en un tercio de la totalidad de las condenas revisadas usándose la mencionada ley se han producido reducciones.
Para acercarnos y conocer con más exactitud la gravedad, se han proporcionado datos donde resulta que son ya 978 las rebajas de penas acontecidas, e incluso, en 104 de ellas se ha llegado a la excarcelación, en virtud de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre y que lleva en activo poco más de 6 meses.
Pues bien, es tan evidente la enorme repercusión y el aprovechamiento tan negativo que se viene haciendo de esta ley, la cual supone la excarcelación de agresores sexuales y revisión a la baja de condenas, que obviamos lo que a mi juicio es algo que ha de reseñarse y es que el Gobierno ha vuelto a no respaldar o dejar evidenciado a todo el cuerpo de la Justicia que conforma nuestro país, variando los fallos de tantas sentencias que habían dictado y sin seguirse un criterio unánime por todos, provocando distintas aplicaciones en los diferentes órganos judiciales españoles, surgiendo discrepancias entre los políticos y juristas, a la espera todavía que el Supremo finalice sentando la doctrina a seguir sobre este asunto.
El día 6 de febrero de 2023 el propio PSOE decidió registrar una proposición para modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que se sacará adelante tras alcanzar un acuerdo con el PP y recibir el apoyo tanto de PNV como de Ciudadanos, que es el mismo camino que se vaticina que tomará la nueva Ley de la Vivienda, la cual es un nuevo ataque a la propiedad privada donde el Gobierno tampoco ha contado con una unanimidad para su aprobación, siendo objeto de críticas por los partidos restantes y teniendo que apoyarse en sus socios de investidura, que han sido, sin embargo, los mayores detractores de la reforma de la Ley comúnmente conocida como “sólo sí es sí”.
