La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colegas, ha lamentado el archivo de las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía de Málaga sobre las declaraciones del cardenal español Fernando Sebastián relacionadas con la homosexualidad, y ha asegurado que reiterarán la denuncia ante el juzgado de instrucción "en los próximos días". Además, el colectivo ha pedido una Ley de Igualdad de Trato.
Desde Colegas han considerado que las leyes actuales para perseguir este tipo de delito "son muy ambiguas", por lo que han pedido "una urgente Ley de Igualdad de Trato" para luchar contra "la discriminación ejercida a colectivos muy menospreciados en la sociedad, como es el LGBT, incluyendo la homofobia, el racismo, xenofobia, machismo y otros hechos intolerantes y discriminatorios", ha afirmado el presidente de Colegas, Francisco Ramírez.
"Creemos que el poder de la Iglesia sigue siendo intocable a nivel legal, aunque sigan reiterando desde medios de comunicación o desde sus púlpitos declaraciones que ofenden al colectivo homosexual y transexual", han apuntado desde el colectivo, a través de un comunicado.
Así, han incidido en que desde Colegas "seguiremos por los cauces legales con este tema, ya que no podemos ni debemos dejar impunes los numerosos hechos de homofobia y transfobia que sufre nuestro colectivo", instando a que el colectivo homosexual y transexual "se anime a denunciar cualquier tipo de ataque o situación discriminatoria", ha señalado el presidente regional de Colegas, Antonio Ferre.
El cardenal Sebastián dijo que la homosexualidad "es una manera deficiente de manifestar la sexualidad" y apuntó que "señalar a un homosexual una deficiencia no es un ofensa, es una ayuda, porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar, se pueden normalizar con un tratamiento adecuado". A raíz de esto Colegas pidió a la Fiscalía malagueña que investigara, al entender que se vulneraba el artículo 510 del Código Penal, ya que "se incita al odio y a la violencia".
La Fiscalía abrió diligencias de investigación, que ahora ha archivado, al entender que la conducta no supone una infracción penal y que las manifestaciones, aunque "muy desafortunadas", están amparadas en el derecho a la libertad de expresión y en la libertad religiosa, al haberse hecho "dentro del magisterio de la Iglesia", y no tenían el fin de un discurso de odio "ni había ánimo de ofender al prójimo".
