La red pública de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la Junta de Andalucía atendió a 794 menores en la provincia de Málaga durante 2013, según el balance de este servicio, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, que cuenta con un dispositivo en la capital y otro en Marbella.
El PEF de la capital malagueña atendió a 608 menores y tramitó un total de 470 expedientes relacionados con los menores y sus familiares durante el pasado año, el 48 por ciento de los cuales estaban relacionados con órdenes de protección de víctimas de violencia de género.
Por su parte, el punto de encuentro de Marbella asistió a 186 menores y tramitó 156 expedientes, el 80 por ciento de los cuales se refería a órdenes de protección de víctimas de violencia, según han informado en un comunicado desde el Gobierno andaluz.
Desde su creación en 2009 este servicio de la Junta ha atendido a más de 10.000 menores de edad en toda Andalucía, en su mayoría con menos de 10 años.
En este periodo el 32 por ciento de los servicios prestados por los PEF han estado relacionados con órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia de género.
Los PEF ofrecen un espacio idóneo y neutral para garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con sus progenitores o familiares que no dispongan de su custodia de acuerdo con lo establecido en una resolución judicial.
En estos espacios se realizan los regímenes de visitas establecidos por resolución judicial, que pueden consistir en entregas y recogidas de menores o en visitas realizadas en sus instalaciones bajo la supervisión de un miembro del equipo técnico.
Para ello, cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales y juristas con formación especializada para la atención de casos de conflictividad familiar. Además, estos recursos ofrecen orientación psicosocial individual y familiar para que los usuarios mejoren sus relaciones y superen la situación de conflicto.
DECRETO
La Junta ha aprobado este año un decreto por el que regula la organización y funcionamiento de los puntos de encuentro familiar con el objetivo de mejorar la calidad de servicio que prestan por derivación judicial a las parejas e hijos en situaciones de conflicto o problemas difíciles de convivencia.
El decreto limita la duración de esta intervención con las familias en conflicto a un período máximo de 18 meses, prorrogable mediante resolución del órgano judicial correspondiente, ya que la vocación de estos puntos de encuentro es prestar un servicio temporal y excepcional con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar.
Se promueve, para ello, una orientación psicosocial individual y familiar que permita a las personas usuarias de este servicio tener técnicas y habilidades para mejorar sus relaciones y superar así la situación de conflicto.
Con esta nueva regulación impulsada por la Consejería de Justicia e Interior se ofrece también un tratamiento específico para la intervención en los casos de violencia de género. En este sentido, se establecen medidas que eviten el contacto entre el agresor y las víctimas en el interior de sus dependencias.
